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La Comisión de Régimen Económico avocó conocimiento del veto parcial del Ejecutivo al Código de Comercio. El proyecto, que contiene 1.348 artículos, busca superar los obstáculos que puedan dificultar las actividades comerciales. Por ello, se fomenta un sistema de comercio e inversión bajo los principios de justicia, solidaridad, complementariedad y equidad. Los parlamentarios resolvieron reunirse la próxima semana para elaborar el informe no vinculante que será puesto a conocimiento del Pleno.
Entre otros aspectos, la objeción propone que los comerciantes o empresarios, luego de la inscripción, comunicarán cualquier modificación de los datos o información, dentro de los 30 días de haberse producido el hecho, luego de lo cual el registrador mercantil procederá a la inscripción correspondiente. En caso de que dicha notificación no se realice dentro del plazo, estos actos no serán oponibles frente a terceros. De esta manera, se especifica las consecuencias jurídicas de no presentación de las modificaciones luego de vencido el plazo.
Precisa que el empresario o comerciante podrá designar uno o más operadores especiales para la conclusión de negocios específicos. Se precautela la correcta aplicación e interpretación de la norma.
En cuanto a la transmisión de datos por medios electrónicos, propone como comercio electrónico toda transacción comercial de bienes o servicios digitales o no, realizada en parte o en su totalidad a través de sistemas de información o medios electrónicos, considerando los tipos de relaciones existentes.
En lo referente a la prestación de servicios electrónicos, requisitos y solemnidades para la validez de los mensajes de datos, de contratación electrónica y telemática, los derechos de los usuarios y consumidores de servicios electrónicos y de la prueba, se regularán de acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Comercio Electrónico y Mensajes de Datos y demás leyes que regulan estas materias.
Contratación Pública
En otro orden, la Comisión de Régimen Económico, desarrolló un nuevo taller sobre las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Los parlamentarios analizaron aspectos sobre las mejoras en inclusión y eficiencia.
Consideran que la contratación debe guiarse por parámetros técnicos nacionales o el equivalente internacional; que el Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), de oficio o a petición, revise que los bienes o servicios entregados bajo convenios marco, cumplan las características ofrecidas.
En las reformas se propone elevar a Ley el concepto de catálogo dinámico inclusivo. Para asegurar un adecuado seguimiento, las entidades contratantes deberán calificar a los proveedores en el sistema..
En cuanto, a la participación de la producción nacional, proponen aclarar que debe ser prioritaria. Antes de aprobar un proceso de importación, deberá hacerse la consulta con productores nacionales para ver si existe interés en producir el bien que se pretende importar.
JLVN/eg
