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En la sesión de hoy, los comisionados recibieron nuevos aportes sobre las posibles inconstitucionalidades contenidas en el proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas, en materia de Seguridad Social, Gobiernos Autónomos Descentralizados, las competencias de los entes de control como la Contraloría y Fiscalía, así como las funciones asignadas al Ministerio de Finanzas.
El Contralor General del Estado, Pablo Celi de la Torre, precisó que es necesario devolverle la facultad de control previo de contratación pública a la Contraloría. Dijo que en las disposiciones del proyecto se establecen distorsiones en el capítulo de reglas fiscales, medidas preventivas y correctivas, que podrían generar conflictos con las competencias del control público y las competencias con relación a los entes de control.
Expresó que en el proyecto se establecen imprecisiones respecto de las responsabilidades del Ministerio de Finanzas, en el campo presupuestario, y de las competencias en el tema sancionatorio de tipo legal. Aclaró que hay un solo ente de control que es la Contraloría. “No cabe aludir a organismos de control de cada entidad, lo cual genera confusión de competencias y sobreposición de instancias”
Celi señaló la necesidad de precisar el alcance del Ministerio de Finanzas que está orientado a correctivos presupuestarios, pero aclaró que cuando se trata de responsabilidades y sanciones los dos órganos de control son la Fiscalía y Contraloría. “El gran desafío es el fortalecimiento de la institucionalidad, no solo de la Caja Fiscal, sino la restructuración del Estado, a fin de eliminar el aparato obeso a través de la racionalización de la administración pública,” precisó.
Otros puntos de vista
Manuel Fernández y Hernán Tenesaca, del Movimiento Nacional de Pensionistas, precisaron que el proyecto no guarda relación con el mandato constitucional, al plantear que la seguridad social forme parte del sector no financiero, violentando su autonomía administrativa y financiera. Manifestaron que el proyecto no debería ser tratado como urgente porque nada tiene que ver con la situación de emergencia sanitaria. Insistieron en que se quiere otorgar mayores atribuciones al Ministerio de Finanzas para que pueda usar los fondos del IESS, Issfa e Isspol.
A su vez, Augusto Tandazo, analista constitucional, mencionó que el contenido del proyecto enviado por el Ejecutivo no es urgente, pues la normativa entra en aplicación luego de 180 días, otros lineamientos para el 2022 y 2023. “Lo único que se busca es dar una imagen a los organismos internacionales de que se está poniendo en orden la casa en materia fiscal”, afirmó.
Dijo que a través de la propuesta no se promueven las inversiones nacionales para que sean más potentes, ni tampoco el ahorro interno necesario para potenciar las finanzas públicas, conforme lo determinan los artículos 338 y 339 de la Constitución.
Seguro Petrolero y Fondo de Estabilización
Sobre el Seguro Petrolero, indicó que no hay una política seria y sensata que permita que el país llegue a la autosuficiencia energética y dijo que hace falta creatividad para buscar alternativas. En materia de endeudamiento, señaló que no se transparenta bien la contratación.
En cuanto a la creación del Fondo de Estabilización, aseguró que hay que abrir opciones para incrementar la productividad en varios sectores productivos, por tanto cree que no solo se deben estabilizar cuentas fiscales y guardar dinero para pagar deudas. Expresó su preocupación en cuanto al tema de suspender una o más reglas o metas fiscales por estado de excepción, pidió revisar y redactar bien la propuesta, porque dejó entrever que es un peligro.
En cambio, el economista José Hidalgo, de la Corporación de Estudios para el Desarrollo (Cordes) indicó que es conveniente someter los planes de inversión pública a los principios de estabilidad económica y sostenibilidad fiscal. “Es importante que el Ministerio de Finanzas establezca techos presupuestarios para las instituciones del Presupuesto General del Estado, a fin de evitar inconsistencias en el proceso de elaboración de la proforma, por ejemplo en supuestos macroeconómicos”, precisó.
Dijo además que las reglas fiscales deben ser aplicadas no solo a nivel de Gobierno Central, sino a todo el sector público, incluyendo los Gobiernos Autónomos Descentralizados. Destacó la importancia de crear un fondo de estabilización pero no solo por explotación petrolera, sino a todo lo que son recursos naturales no renovables.
Recorte a las universidades
Galo Naranjo, Juan Ponce, Diego Proaño y Marcelo Cevallos, rectores de la Universidad Técnica de Ambato (UTA), Flacso sede Ecuador, Pontificia Universidad Católica del Ecuador (Puce) y de la Universidad del Norte, respectivamente, enfatizaron que los derechos fundamentales de la educación y salud han sido violentados por el recorte presupuestario que estableció el Estado, lo que genera un gran problema a los sectores pobres que no podrán acceder a la educación.
Con relación al proyecto de Ordenamiento de las Finanzas Públicas señalaron que es concentrador y genera hiperregulaciones al Ministerio de Finanzas, pretendiendo darle la potestad de establecer las competencias de descentralización del Estado, así como cambiar presupuestos de entidades públicas.
