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Hoy, la segunda jornada de trabajo reinició con la ponencia del asambleísta Daniel Mendoza, presidente de la Comisión del Régimen Económico, quien enfatizó que más del 80 % de la normativa fue modificada con los aportes de las diferentes bancadas legislativas, así como de diversos sectores sociales, lo cual permitió construir una nueva ley.
Manifestó que la Comisión blindó la autonomía e independencia administrativa y financiera de los GAD y de las entidades de la Seguridad Social, reestructuró artículos del texto original relacionados con la clasificación del sector público para que guarden armonía con la Constitución. Además, se evitó que el Ministerio de Finanzas concentre más poder y controle de forma arbitraria la planificación, formulación, definición, limites, metas y fines fiscales, régimen sancionatorio, anticipos en contratación pública, mencionó.
Mendoza reiteró que en la nueva propuesta legal se crea un sistema que registra información real y detallada para que las decisiones en materia política fiscal y planificación de las finanzas públicas puedan tener un sustento técnico.
En cuanto a la estabilidad y ahorro, señaló que se estableció el porcentaje máximo de asignación para contingencias, respetando las asignaciones a los GAD y a los sectores prioritarios y se crea un fondo para garantizar la estabilidad económica y sostenibilidad de las cuentas públicas con los excedentes petroleros. Esta es una ley que genera recursos para salvar vidas, añadió.
Puntos de vista
Varios parlamentarios señalaron que el informe trabajado por la Comisión de Régimen Económico respeta las autonomías, rechazando la posición del Ejecutivo sobre esta materia. Indicaron que en el articulado se dispone que el Ministerio de Finanzas respete la autonomía de las entidades de la seguridad social y no podrá usar sus fondos porque son distintos de los del Gobierno Central, es decir, no son parte del Presupuesto General del Estado.
Además, dijeron que en el informe del proyecto se establece con claridad que las entidades como el IESS debe definir sus propios presupuestos; y, se determina con claridad que el Estado entregará de manera oportuna las asignaciones a los organismos seccionales.
Se precisó que quienes no buscan finanzas públicas con ordenamiento transparente, técnico y responsable, de manera maliciosa atacan al informe del proyecto, insinuando que el mismo afectaría la seguridad social.
Expresaron que la nueva norma implementa reglas fiscales para un manejo responsable, sostenible y eficiente de los recursos públicos, así como se determina la asignación de recursos para contingencias generadas por la materialización de riesgos fiscales que no podrá ser superior al 3 % del gasto total del Presupuesto General del Estado (PGE), sin que afecte los recursos para los GAD, ni las asignaciones a sectores prioritarios. Se destacó la modificación del PGE hasta el 5 %, que no podrá superar los límites de las reglas fiscales.
Otra propuesta
Los parlamentarios plantearon la necesidad de incluir en el proyecto una reforma a los artículos 17 y 31 de la Ley de Hidrocarburos, en razón de que existen cambios esenciales en materia petrolera y de recursos naturales no renovables, a fin de que las empresas puedan cambiar la modalidad de contratación.
