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El tratamiento del articulado del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública se torna cada vez más interesante. Hoy, los legisladores en conjunto con representantes del Servicio de Contratación Pública (Sercop) hicieron un amplio debate de las ventajas y desventajas, por ejemplo, de la adqusisión de bienes a precio oficial. En este sentido, los legisladores acordaron eliminar del artículo 1, respecto al Régimen Especial, en el numeral 7, vinculado con ese tema, porque podrían presentarse restricciones en cuanto a la competitividad.
Juan Aguirre, director del Sercop, solicitó incluir el artículo Excepciones de Aplicación, para que se especifique que no estarán sujetos al ámbito de aplicación de esta ley los servicios de telefonía, agua potable, energía eléctrica, inherentes al funcionamiento de la entidad contratante; los contratos de empleo público, la contratación de los servicios que requiera el Banco Central del Ecuador que coadyuven a la inversión de la reserva, la gestión de la posición de activos y pasivos externos, del oro monetario y no monetario y la sostenibilidad del sistema monetario.
Excepciones
También se pidió la excepción a las contrataciones en actividades de exploración y explotación de los recursos hidrocarburíferos y transporte de hidrocarburos no sujetas al ámbito de aplicación de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, ni la compra venta de hidrocarburos que Petroecuador y sus empresas filiales tengan que contratar sujetos a la Codificación de la Ley de Hidrocarburos. Así como los contratos de prestación de servicios y el de explotación minera, regulados por la Ley de Minería, y los contratos de los servicios de telecomunicaciones.
Se incorporarán términos a los principios generales para la aplicación de la ley: se observarán los principios de legalidad, trato justo, igualdad y no discriminación, competitividad, eficacia, eficiencia, calidad, planificación, responsabilidad, vigencia tecnológica, oportunidad, concurrencia, publicidad, transparencia, sostenibilidad y participación nacional.
En este punto, por sugerencia de la asambleísta Gabriela Larreátegui se incorporó que en los procesos de contratación pública se fomentará la innovación que permitirá obtener una mejor relación calidad-precio, así como ventajas económicas, ambientales y sociales que fomenten un crecimiento económico sostenible.
Análisis de definiciones
Los legisladores analizaron las 38 definiciones que constarían en el proyecto de ley, entre ellas: adjudicación, bienes y servicios, catálogo electrónico, contratación pública, contratista, consultor, consultoría, convenio marco, contrato de obras, contrato de servicios, clasificador central de productos, desagregación tecnológica, empresas subsidiarias, entidades contratantes, ferias inclusivas, orden de compra, presupuesto referencial.
Registro Único de Proveedores
Los miembros de la Comisión también abordaron el artículo 16 relacionado con el Registro Único de Proveedores, quienes acordaron que al final se incorporen los siguientes incisos: “Los proveedores podrán participar en los procedimientos de contratación pública, cuya actividad económica se encuentre registrada en el Servicio de Rentas Internas”.
Además, que los requisitos para el registro y habilitación del RUP serán establecidos por el Servicio Nacional de Contratación Pública en la normativa que expida para el efecto. También avanzaron con el análisis de los artículos vinculados a las causales de la suspensión del RUP, derechos, portal de compras públicas y participación nacional. La próxima semana la Comisión continuará con el análisis del proyecto.
“Es necesario construir la ley y una vez que esté construida, volver a revisarla para eliminar toda posible puerta que puede quedar abierta para contrariar la norma. Necesitamos transparencia en la contratación pública”, dijo Franco Romero, presidente de la mesa.
