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La tercera jornada de análisis del articulado del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública recogió más criterios de parte de los legisladores y el Servicio de Contratación Pública, cuyos delegados acompañan en la construcción de la normativa a los miembros de la Comisión del Régimen Económico. Uno de los conceptos discutidos es la relación costo-calidad de los servicios y bienes que se contratan.
Uno de los objetos planteados con el paquete de reformas es erradicar la corrupción y promover transparencia en la contratación pública. Los comisionados revisaron varias definiciones que se agregan en el artículo 6 en materia de anticipo, convenio marco, desagregación de componentes, mejor costo de bienes o servicios normalizados, oferta habilitada, oferta anormalmente baja, contrato de compra simplificada y presupuesto referencial.
El legislador Luis Pachala solicitó que en la definición se tome en cuenta la oferta territorial para dinamizar la economía local y que los pequeños y medianos productores de bienes y servicios tengan la oportunidad de participar en ofertas de compras del Estado. De esta manera, dijo que se genera dinamismo, inclusión y transparencia en todos los procesos. Pero para la asambleísta Lira Villalba este este tema no pasa por definición, sino por regulación de forma transversal en la Ley.
El presidente de la Comisión, aclaró que los aportes del Sercop así como el de la Comisión no son vinculantes, por lo que es el Pleno de la Asamblea el que tendrá la última palabra.
Gabriela Larreátegui planteó incluir en las definiciones aspectos sobre el anticipo devengable y responsable, que se clarifique el texto sobre catálogo electrónico, que debe entenderse como único, aunque dentro pueden estar diferentes clasificaciones.
Anticipos
Franco Romero, recordó que por años se ha mal utilizado el tema del anticipo para la adjudicación de contratos. Señaló que hay que impedir que las obras entren con cero anticipo porque va en detrimento de pequeñas y medianas empresas que se ven perjudicadas. Esto se debatió de forma intensa.
Al analizar la definición del convenio marco se precisó la necesidad de visibilizar las ofertas territoriales. Se aclara que es un acuerdo de voluntades entre el ente rector del Sistema Nacional de Contratación Pública y proveedores seleccionados a través del procedimiento que regule el Sercop, que tiene por objeto habilitar a los proveedores seleccionados en el registro del repertorio virtual y la oferta de bienes y servicios en los catálogos electrónicos generales.
La Comisión mantendrá diálogos con la mesa de Justicia para definir el tratamiento de temáticas que se encuentran en su conocimiento, en lo referente a sancionar a los proveedores que incurran en las infracciones establecidas en la nueva ley, así como establecer las causales para ejecutar la suspensión temporal del proveedor en el Registro Único.
Control Previo
La mesa legislativa, entre otros aspectos, también debatió respecto de la integración de la figura del control previo. Para hacerlo, el próximo viernes 28 de agosto, se convocará al Contralor y al Procurador General del Estado, para que de sus observaciones a las reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública. Aunque ya hay criterios dentro de la mesa, que apuntan a pensar que los informes de Contraloría podrían no incluirse en esta ley. “El Control Previo generaba que el proceso se tarde demasiado”, aseguró el titular de la Comisión, Franco Romero.
