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Los comparecientes dieron sus observaciones al proyecto de reforma integral del Sistema Nacional de Contratación Pública. Hablaron del control previo, asesoría y capacitación de procesos, control concurrente, inhabilidades, impugnación, giro específico de negocio, entre otros temas.
Pablo Celi indicó que varias entidades públicas coinciden en la necesidad de mejorar el sistema de gestión y control de las compras públicas. Advirtió la necesidad de tener rigor con las regulaciones del objeto social de las empresas tratantes con el Estado. Dijo que en el país no existe la adecuada correspondencia entre el objeto social y el tributario. Pidió que en el artículo 18, inciso segundo, se introduzca la prohibición de servicios y bienes de proveedores cuyo objeto social no concuerde con el objeto tributario.
Para Celi, hay que limitar los márgenes de procesos contractuales con el Estado y suprimir en la ley el régimen especial de giro específico del negocio, pues cree que se introduce discrecionalidad contractual que beneficia a empresas públicas y genera contrataciones directas al margen de la normativa. Pidió restituir a la Contraloría las competencias para ejercer el control previo.
Registro de Proveedores Incumplidos
El titular de la entidad de control, insistió en la restitución del registro de proveedores incumplidos y fallecidos. Mencionó que no existe un registro integral que anticipe a la autoridad irregularidades previas, por ello, reiteró la necesidad del control previo, concurrente.
Rosa Álvarez, directora nacional de iniciativa legislativa de la Procuraduría General del Estado, se refirió al proyecto de ley para restituir el control previo de legalidad de actos y contratos presentado por Íñigo Salvador, titular de la Procuraduría. Aseguró que en 2008 se eliminó la competencia de la entidad en desmedro de la protección legal. “Es necesario fortalecer la Procuraduría y restituir el control previo de legalidad”, dijo al solicitar que en el artículo 15 se establezca lo que corresponde a los organismos de control del Estado.
Ana María Rosero, directora Nacional de Consultoría de la Procuraduría, recordó que en la legislación que rigió hasta agosto de 2008, se eliminó el control previo. “El control previo a cargo de Procuraduría requeriría los recursos necesarios para hacerlo”, agregó. Insiste en que esos informes no deben ser vistos como burocracia que demora la contratación, sino más bien como un mecanismo de control previo que asegure que los recursos sean bien invertidos.
Control solo a ciertos contratos
Silvana Vallejo, drectora del Sercop, dijo que el control previo debería realizarse a ciertos contratos bajo ciertos montos y destacó el uso de la tecnología y la trazabilidad en todo el ámbito de contratación, con procesos abiertos, sin información oculta. Pidió tener una visión de sistema, al indicar que no solo se debe sancionar a los proveedores, sino también a las entidades contratantes para tener un mejor control.Solicitó que se profundice en el control del Régimen Especial porque es amplio, pero no está de acuerdo con eliminarlo.
Los asambleístas formularon varias inquietudes a los comparecientes. Franco romero, presidente de ma mesa, dijo que es esencial construir una normativa que evite la corrupción en el área de la contratación pública y para ello es necesario mejorar los controles. Los legisladores creen que tener datos abiertos a través del uso de tecnología permitirá la transparencia de procesos, como un mecanismo a ser utilizado.
