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Franco Romero, presidente de la Comisión, convocó a los legisladores para iniciar el tratamiento de los dos proyectos, y lo hcieron hoy. Además también se analizó el informe semestral de ejecución presupuestaria entregado por el Ministerio de Economía y Finanzas, así como la Secretaría Técnica Planifica Ecuador, correspondiente al ejercicio fiscal 2019. En este sentido, están a contrarreloj, pues el Ministerio de Economía y Finanzas recién entregó ese informe el 3 de septiembre. Por lo que la Comisión trabajará en ese informe ojalá antes que llegue el correspondiente al primer semestre de 2020.
El proyecto de iniciativa de la asambleísta Karina Arteaga, busca igualar las condiciones de negociación del contrato de trabajo para que no se perjudiquen los derechos de la clase trabajadora del sector público, se reivindique su condición de dignidad y se respeten sus derechos laborales.
Reformas Planificación y Finanzas Públicas
La propuesta reforma la Ley Orgánica de Planificación de las Finanzas Públicas, donde se describen los deberes y atribuciones del ente rector. El objetivo es emitir dictamen obligatorio y vinculante sobre la disponibilidad de recursos financieros suficientes para cubrir los incrementos salariales, así como los demás beneficios económicos y sociales que signifiquen egresos, en el sector público, excepto aquellos que se pacten en los contratos colectivos de trabajo y en las actas transaccionales.
Se dispone que en un plazo de 90 días, el Ministerio de Finanzas, como órgano rector de la política fiscal en el país y el Ministerio de Trabajo, como órgano rector de la política laboral, realicen las reformas a todos los acuerdos o instructivos que hayan sido emitidos y que puedan atentar a la plena vigencia de la ley, así como realizar las reformas en el mismo plazo, de todas las disposiciones de orden reglamentario que limiten la celebración o pago de contratos colectivos o actas transaccionales.
Reformas Código Monetario
El proyecto de reformas al Libro III del Código Monetario sobre la Ley General de Seguros, está orientado a promover el ejercicio del derecho humano a la salud mediante una herramienta que permita tanto al titular de un seguro como a su familia tener la confianza de que el paquete contratado responderá de forma inmediata y eficiente, además que cumpla con su objetivo.
El asambleísta Esteban Melo, autor de la propuesta legal, señaló que en muchas ocasiones después del fallecimiento del afiliado no se cumple con la obligación de pago de seguro de vida, razón por la cual es necesaria una reforma que obligue a las empresas de seguros a contactar con los familiares o beneficiarios del asegurado inmediatamente después de inscrita el acta de defunción.
Mañana, a las 09:30, sesionará la Comisión para retomar el tratamiento del articulado del proyecto de reformas a la Ley del Sistema Nacional de Contratación Pública.
