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Hoy concluyó el primer análisis de las reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, con la revisión de varios artículos, respecto de los procedimientos de contratación y sus relaciones con la realidad del mercado, previo a la aplicación de los principios de competencia, transparencia y seguridad jurídica, específicamente, en cuanto a determinación de presupuesto referencial, fase preparatoria y precontractual, estudios, etc.
En cuanto a rendición de cuentas, integridad y transparencia del sistema de contratación pública debatió sobre los adecuados mecanismos de supervisión y control institucional y ciudadano, la eficiencia del sistema de información de la contratación pública en todas sus fases: publicidad, disponibilidad, accesibilidad, integración y fiabilidad de la información; la asociación para ofertar; administración de contratos, supervisión y fiscalización; y lo referente a las disposiciones generales, transitorias, derogatorias y finales, con lo cual concluyó la revisión de observaciones.
El presidente en cargado de la mesa legislativa, Franco Romero Loaiza, señaló que el próximo miércoles 28 de octubre se analizará la plantilla definitiva donde consten las propuestas que enviará el Sercop y las observaciones al articulado planteadas por los comisionados, a fin de elaborar el informe para segundo debate de las reformas integrales a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
Debate
13 asambleístas participaron en la reinstalación de la sesión 144 de la Comisión de Régimen Económico, en la cual también participó la directora del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), Silvana Vallejo y Stalin Andino, coordinador jurídico de esta institución.
En el análisis de las observaciones, Silvana Vallejo señaló que la fase preliminar a la precontractual es muy importante porque las entidades contratantes determinan la necesidad del estudio de mercado, razón por la cual, a su criterio, conviene realizar consultas previas al mercado cuando las entidades no tienen esta posibilidad para determinar términos de referencia. Precisó que hay que darle mucha atención a la fase preparatoria.
Sobre este particular, la legisladora Lira Villalba propuso que en la nueva normativa se establezca un capítulo específico que establezca con claridad todo lo relacionado con la fase preparatoria. La directora del Sercop indicó que presentará una propuesta a la Comisión sobre este particular para su respectiva revisión.
Otro tema analizado por los comisionados fue la determinación y justificación del presupuesto referencial que lo planteó la legisladora Ana Belén Marín, por el cual propone que en toda contratación los estudios incluirán la determinación y justificación del presupuesto referencial, con el fin de establecer la aplicación de la presente ley y seleccionar el procedimiento precontractual, en los casos que corresponda. Dependiendo la naturaleza del objeto de contratación, la entidad contratante establecerá el presupuesto referencial, para lo cual deberá seguir las directrices que se establezcan en el Reglamento General y las disposiciones que para el efecto emita el Sercop.
Revisó el texto planteado por el Sercop, en torno a la publicidad de la información del Registro Único de Proveedores (RUP) que será pública y estará disponible en el Portal de la institución. Se especificó que las entidades contratantes no podrán llevar registros adicionales ni exigir a sus oferentes o proveedores la presentación de los documentos ya solicitados para la obtención del RUP. Tampoco podrán crear o exigir requisitos adicionales a los establecidos por el Sercop.
La Comisión analizó la propuesta enviada por Coalición Legislativa por la Transparencia Fiscal, referente a informes en forma previa a su celebración. En las observaciones del Sercop se señala que no es viable la solicitud de un dictamen previo de la Contraloría para la suscripción de contratos administrativos, cuyo monto supere el valor previsto de los procedimientos de licitación, por cuanto la ley actual y la propuesta de reforma establecen la posibilidad de que las partes interesadas en los procedimientos presenten reclamos y recursos. Los parlamentarios acogieron esta sugerencia.
Por otra parte, la directora del Sercop solicitó a la Comisión puntualizar y profundizar los niveles de asociatividad en la ejecución de la obra, tomando en cuenta que en un determinado contrato el consorcio adquiere responsabilidades en esta.
En cambio, la legisladora Gabriela Larreátegui, al referirse a la priorización de MIPYMES y actores de la economía popular y solidaria, dijo que es necesario que se establezca alguna manera para que estas empresas o asociaciones gozando de los beneficios puedan crecer en el tiempo, por lo que estas priorizaciones no pueden establecerse a largo plazo sin un compromiso de dichas empresas de seguir progresando, caso contrario se promueve una suerte de subsidio eterno que no necesariamente garantiza la mejor calidad y precio para el Estado, además de no favorecer el crecimiento económico y generación de empleo.
Por su parte, Stalin Andino, coordinador Jurídico del Sercop, pidió a la mesa legislativa revisar algunas disposiciones generales, a fin de establecer sanciones para los funcionarios cuando infrinjan la ley, así como en torno a la trazabilidad del dinero público, a efectos de que se establezca un sistema que permita observar el manejo de estos recursos.
Por último, la Directora del Sercop mencionó que establecer normativa secundaria en 90 días se lo puede hacer, sin embargo, hay que tomar en cuenta que tanto la parte técnica, normativa y tecnológica debe ser vista de forma integral, pero lo tecnológico requiere de programación y arquitectura para que el usuario pueda usar esta herramienta, por lo que sugirió que conste en la ley, dotar de personal técnico y recursos económicos necesarios para dicha adaptación tecnológica.
