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Hoy se realizó la continuación de la sesión 144, para seguir con la revisión de ciertos articulos observados y propuestas formuladas por los legisladores, previo a la definición del informe de segundo debate del proyecto de reformas a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
El legislador Franco Romero, presidente de la mesa, dijo que el proyecto es un clamor ciudadano, pues será el instrumento jurídico que permitirá sumar esfuerzos en el combate a la corrupción, el fortalecimiento de la transparencia y el uso eficiente de los recursos públicos.
Armonizar las normas
La mesa se pronunció sobre la necesidad de armonizar la propuesta con las disposiciones de la Ley Anticorrupción. Romero dispuso al equipo técnico asesor, contando con el apoyo del Servicio Nacional de Contratación Pública (Sercop), que prepare un informe para analizarlo y tomar las mejores decisiones, en una sesión específica, a fin de evitar posibles contraposiciones de las normas.
Justamente, el tema de mayor inquietud fue el relativo al informe previo de Contraloría. Silvana Vallejo, directora del Sercop, dijo que como consta en la reforma penal en materia Anticorrupción se entendería que se requerirá para todos los procesos, al enfatizar que el promedio actual es de 200 o 300 procesos diarios y alrededor de un millón al año.
Entonces, habría que ver la capacidad o limitación para resolver este número de procesos, incluyendo los de emergencia y de ínfima cuantía. No se clarifica si dicho informe previo va en la fase preparatoria, precontractual, antes de la adjudicación o del contrato, además qué pasa si por la cantidad de documentos no se responde en un tiempo prudencial, por lo que este tipo de vacíos tienen que ser especificados en la Ley, no en un reglamento, precisó.
Los parlamentarios Gabriella Larreátegui, Pinuccia Colamarco, Luis Pachala y Ana Belén Marín resaltaron que la exigencia del control previo es fundamental para frenar todo acto de corrupción en el sector público, ya sea en circunstancias regulares, de emergencia o estados de excepción, pero sin que esto implique retardar los trámites que se encaminan a obras de beneficio colectivo y superar problemas graves como la crisis sanitaria derivada de la pandemia.
Todos los procesos de contratación pública tienen que garantizar transparencia, tal como la demanda la comunidad ecuatoriana, señalaron, tras precisar que el control tiene que ser permanente, concurrente, en tiempo real y acorde a la era tecnológica.
