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La asambleísta Paola Cabezas, una de las proponentes de la reforma al Código Orgánico Monetario y Financiero, dentro de la fase de socialización, en la Comisión de Régimen Económico, subrayó que la reforma plantea que la antigüedad de la información de riesgo crediticio sea de hasta 3 años y el reporte de esta información hará referencia únicamente a las operaciones vigentes, vencidas o canceladas de los tres últimos años, anteriores a la fecha de su expedición.
La legisladora enfatizó que con las modificiones al Código Monetario se pretende dar alivio financiero, reactivar el acceso al crédito de deudores de buena fe, flexibilidad crediticia, reducir los tiempos de registro en la central de riesgo y recuperar la cartera vencida de la banca pública y privada. “No es posible que el sistema castigue y no busque incentivos financieros y un alivio real”, señaló.
Los asambleístas mencionaron que hay infinidad de casos de personas que van a la central de riesgo y que no pueden ser castigadas por determinado tipo de información. También dijeron que los alivios económicos, que son necesarios, no deben afectar el sistema financiero.
Luego, desde la Junta de Política y Regulación Financiera, María Isabel Vergara y Alejando Enríquez enfatizaron que la regulación financiera no es un servicio público sino de carácter público. Expusieron su preocupación que se baje de seis a tres años la información histórica toda vez que las personas de la ruralidad, que no tienen la información continua, se quedarían excluidas, porque la metodología mira todos los datos.
Entre tanto, Nelly Charco, de la Superintendencia de Bancos, presentó observaciones de forma, para mantener la homogeneidad de ciertos términos y mantener conceptos estándares.
En su turno, Marco Morales, especialista en derecho administrativo, solicitó que se tome en cuenta el procedimiento coactivo para no quedar con deudas impagas. Sostuvo que hay entidades privadas que realizan la cobranza a través de la vía coactiva. En tal sentido, recomendó que las facilidades de pagos sean no solo a las entidades públicas sino que se amplíe a las privadas con potestades coactivas en base al Código Orgánico Administrativo.
