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La Comisión de Régimen Económico aprobó el informe de ejecución presupuestaria del segundo semestre del ejercicio fiscal 2016. En el documento se precisa que su aplicación se caracterizó por una coyuntura externa negativa para la economía ecuatoriana, sumada al terremoto de abril y los fallos internacionales que el Estado tuvo que pagar a OXY y Chevron que provocaron que los niveles de liquidez del Gobierno Central y de la economía general se encuentren en situaciones adversas. El informe será remitido a la presidencia de la Asamblea Nacional.
Se señala que la política de salvaguardas implementada en el 2016 tuvo un efecto positivo en la balanza comercial. A pesar de la coyuntura económica, los niveles de pobreza y desigualdad se han mantenido relativamente estables y la economía nacional comienza a dar signos de recuperación reflejada en el incremento del PIB en el último trimestre del año 2016 con el incremento de las colocaciones de créditos y mejorías en las expectativas de los agentes económicos.
Se precisa que el Ministerio de Finanzas cumplió el Art. 118 del Código de Planificación y Finanzas Públicas que establece que no se modifique el presupuesto en más del 15% en relación al presupuesto inicial aprobado por la Asamblea Nacional que ascendió a 29.835,09 millones de dólares, en tanto que el codificado a diciembre de 2016 totalizó 34.113,10 millones de dólares (excluyendo los recursos destinados a la atención de la emergencia del terremoto de abril del 2016 y al pago de laudos internacionales a Chevron y Oxy que totalizaron 1.892,71 millones de dólares). El incremento asciende a 4.278,00 millones, monto que equivale al 14.34%.
Los ingresos permanentes a diciembre del 2016 sumaron 18.554,32 millones de dólares. El monto codificado para gasto social ascendió a 10.643,88 millones de dólares, que representó el 29.56% del total del Presupuesto General del Estado y el ejecutado 28.21%; respecto al PIB, se evidencia una participación de 10.88% del presupuesto codificado y de 9,80% del ejecutado. Esta situación responde a la política gubernamental dirigida a garantizar la protección social íntegra. En términos nominales, para educación se destinaron 5.197,79 millones (5.3% del PIB); para salud se registraron 3.033,09 millones (3.1% del PIB).
Durante el ejercicio fiscal 2016, el Ministerio de Finanzas registró transferencias a gobiernos autónomos descentralizados por 2.822,39 millones, que incluyen modelo de equidad, convenios, ley 47, reintegro de IVA y otras disposiciones legales.
Respecto al Plan Anual de Inversiones, se indica que el valor inicial para su financiamiento en el año 2016 fue de 5.348,80 millones, monto que representó el 17.93% del Presupuesto General del Estado aprobado por la Asamblea Nacional; el codificado a diciembre 2016, después de las modificaciones realizadas en el año ascendió a 7.112,95 millones, existiendo un incremento de 1.764,14 millones (32,98%), con una ejecución de 80.86%.
JLVN/pv
