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El presidente de la Comisión de Régimen Económico, Pabel Muñoz, avocó conocimiento de los proyectos calificados por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Los legisladores pusieron sobre la mesa los proyectos de reformas a la Ley de Minería, al Código Monetario y Financiero, al Código de Planificación y Finanzas Públicas y el proyecto de Ley de Reparación de Daños a los Depositantes Afectados por el Decreto 685.
La reforma a la Ley de Minería establece en su artículo 16 que los recursos naturales no renovables son de propiedad inalienable, imprescriptible, inembargable e irrenunciable del Estado y, en general, los productos del subsuelo, minerales y sustancias, cuya naturaleza sea distinta a la del suelo, incluso las que se encuentran en áreas cubiertas por las aguas del mar territorial.
La explotación de los recursos naturales y el ejercicio de los derechos mineros se ceñirán al Plan Nacional de Desarrollo, bajo los principios de desarrollo sustentable y sostenible, así como protección y conservación del medio ambiente y de la participación y responsabilidad social.
El objetivo fundamental del Código Monetario y Financiero es regular los sistemas monetario y financiero, así como los regímenes de valores y seguros en el país. Entre otros fines estratégicos, la normativa potencia la generación de trabajo, producción y redistribución de la riqueza y asegura la liquidez económica; fortalece la inserción estratégica a escala regional e internacional y promueve incentivos para las entidades de economía popular y solidaria. Este cuerpo legal además posee un impacto social en tanto promueve el acceso a crédito a personas en movilidad humana, con discapacidad, jóvenes, madres solteras y otras pertenecientes a los grupos de atención prioritaria.
Mientras que el Código de Planificación y Finanzas Públicas tiene como objeto vincular el Sistema Nacional Descentralizado de Planificación Participativa con el Sistema Nacional de Finanzas Públicas, que apunta al desarrollo y buen vivir. Esta norma, además articula la planificación nacional con la planificación de los distintos niveles de gobierno, sobre la base de la sostenibilidad fiscal, transparencia y acceso a la información, participación ciudadana, así como descentralización y desconcentración que permitan una gestión eficiente y cercana a la población.
Con respecto al proyecto de Ley de Reparación de Daños a los Depositantes Afectados por el Decreto 685, se prevé la necesidad de contar con un instrumento jurídico para la restauración del derecho de los afectados que sufrieron el congelamiento de sus depósitos. Estas personas únicamente recibieron certificados de depósito, que se vendieron por necesidad, a un valor inferior al monto real que pagaba la banca.
PAU/pv
