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En el marco del análisis del proyecto de Ley para Impulsar la Reactivación Económica del Ecuador, la Comisión de Régimen Económico recibió este jueves a Verónica Artola Jaramillo, gerente del Banco Central (BCE), quien expuso los objetivos de la reforma, en lo que atañe a las atribuciones y competencias de esta entidad.
La funcionaria explicó que la reforma propiciará el uso de medios electrónicos, a fin de disminuir la utilización del dinero físico (monedas y billetes), dado que la importación y reposición de moneda genera costos muy altos para el país, que alcanzan 12 millones de dólares anuales. “Ecuador es uno de los países con mayor preferencia del uso de dinero físico”, dijo, al atribuir esta tenencia a diversos factores, entre ellos el componente cultural.
Añadió que la reforma deja fuera de la operación del dinero electrónico al Banco Central, medio de pago que será administrado por la banca y el sistema financiero privado, manteniéndose en manos de la entidad la regulación y el control de este recurso de pago. Recordó que en 2014 se estableció el uso de dinero electrónico como alternativa al dinero físico y en algo más de tres años no ha alcanzado el desarrollo esperado. Sin embargo, hay registradas 370 mil cuentas electrónicas.
Verónica Artola subrayó que para evitar cualquier interpretación errónea sobre la existencia de una moneda paralela al dólar, la reforma elimina de la legislación toda referencia a moneda electrónica o dinero electrónico, que es la marca que usó el Banco Central en la administración de este sistema y se incluyen medios electrónicos de pago. Adicionalmente, a través de una transitoria, se determina el plazo de 90 días para que las cuentas electrónicas pasen al sistema financiero privado.
Preocupaciones del sector societario
Así mismo, el organismo legislativo recibió a Suad Manssur Villagrán, superintendenta de Compañías, quien dijo que la institución a su cargo no fue consultada para el planteamiento de las reformas que se refieren al sector societario. “Nos preocupa la propuesta de establecer la responsabilidad solidaria de los socios o accionistas de las compañías respecto a las obligaciones tributarias de la empresa”, sentenció.
Aseguró que, de aprobarse esta reforma, se acabaría el mercado bursátil, ya que un ciudadano por el hecho de comprar una acción de una compañía, se convertirá en responsable solidario, con su patrimonio, sobre las obligaciones tributarias que tenga esa persona jurídica, lo cual no tiene lógica.
Más aún, continuó, actualmente ya existe en la Ley de Compañías el mecanismo idóneo para perseguir el abuso de la personería jurídica. Aseguró que en el Art. 17 de esta normativa se extendió la responsabilidad del accionista, cuando se haya actuado de manera dolosa en el uso de la persona jurídica para fines reñidos con la ley.
Manssur Villagrán solicitó a la comisión que analice detenidamente estas propuestas, a fin de evitar efectos negativos en el sector societario y en el mercado bursátil.
EG/pv
