Comisión Ocasional para Atender los Casos de Personas Desaparecidas

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PROPUESTA PARA QUE EL DELITO DE SECUESTRO NO PRESCRIBA ENTRA A DEBATE

Martes, 08 de enero del 2019 - 00:00 Imprimir

Con la Defensoría del Pueblo y el ECU911, la Comisión Ocasional para Atender los casos de Personas Desaparecidas, en la sesión 025, profundizó el tratamiento del proyecto de Ley Orgánica de Actuación Integral en casos de Personas Desaparecidas, de iniciativa de la Fiscalía General del Estado.

Juan de Dios Parra, abogado y defensor de las causas relacionadas a la vulneración de los derechos humanos, actúo como asambleísta por un día. Puso en la mesa de debate la necesidad que el delito de secuestro se lo declare como imprescriptible y que el Estado tenga la obligación de perseguirlo y sancionarlo.

Precisó que este asunto en México, Colombia y Paraguay, entre otros países del continente, es un verdadero flagelo, el cual sufre mutaciones, cambios y modificaciones, al calor del dolor de las sociedades, tras indicar que en Chile el secuestro calificado sirvió para procesar y condenar a los militares responsables de la desaparición de personas.

Dijo que es urgente una Convención Internacional en la que se determine que el delito de secuestro sea perseguible en cualquier lugar y que la acción de enfrentarlo lo asuma la comunidad mundial, más allá de los estados.

Sistema interinstitucional

Para Gina Benavides, defensora del Pueblo, es importante la idea de definir un sistema interinstitucional para tratar el tema de desaparecidos en el país, lo que consta en el proyecto.

Sin embargo, se pronunció por establecer la declaratoria de presunción de que la persona está viva y no la declaratoria de ausencia de la persona, lo que permitirá a los familiares resolver una serie de aspectos pendientes en el orden económico, de bienes, propiedades, deudas, etc. Habrá que especificar un plazo para analizar las causas y perfil de la desaparición, agregó.

Finalmente, planteó crear un sistema de información sólido y serio, que permita ajustar las cifras que manejan las organizaciones de familiares y los entes gubernamentales.

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