En el Pleno de la Comisión de Fiscalización se recibió la comparecencia de representantes del gremio arrocero del país y varias autoridades del sector para que expongan la situación por la que atraviesa el sector agropecuario y las acciones que se han realizado desde el Gobierno para solucionar la misma. Uno de los principales malestares expresados por los representantes del gremio fue la devaluación del precio.
“Nosotros somos tomadores de precios, no somos colocadores de precios en el mercado internacional de productos agrícolas”, subrayó el ministro de Agricultura, Rubén Flores, al responder las inquietudes de los productores arroceros del país, en torno a los precios de venta de la gramínea, que ni siquiera cubrirían los costos de producción.
El funcionario explicó que el tema de precios no depende del Ministerio ni de ninguna otra entidad del Gobierno, sino de las condiciones internacionales y en cada producto existen países que son los que marcan el precio referencial de los mismos, pero el problema no está en el valor de venta del producto, sino en que exista mercado. “Yo puedo poner como techo un precio de 40 dólares la saca de arroz al productor, pero no habrá quien compre si en el mercado internacional el precio promedio está entre 30 y 35 dólares”, dijo, al enfatizar que si hay un margen muy alto, se abren más posibilidades para el contrabando.
Rubén Flores aseguró que uno de los componentes del Plan Toda una Vida está relacionado con el tema agrícola, porque es este segmento productivo el que garantiza la soberanía alimentaria. En esta medida, se han articulado acciones con el Servicio de Rentas Internas (SRI), con el Servicio Nacional de Aduana del Ecuador (Senae), BanEcuador y otras entidades, a fin de ofrecer servicios de calidad a los agricultores, con una política comercial seria, que permita un desarrollo armónico del sector.
Indicó que en 2017 ingresaron al país cerca de 70 mil toneladas de arroz vía contrabando, mientras los productores nacionales se vieron obligados a mantener en bodega alrededor de 91 toneladas, que no se vendieron.
Mientras, el representante del sector arrocero, Bernardo Bravo, subrayó que el sector agropecuario está en crisis, puesto que todos los segmentos tienen problemas, no solo derivado de los precios, que no cubren los costos de producción, sino de aspectos como financiamiento, la provisión de insumos (que son extremadamente caros) y la comercialización.
“Estamos cansados de reuniones y reuniones, sin que se tomen los correctivos necesarios dijo”, al pedir que se revea el Acuerdo Ministerial por el cual se establece un techo de 35,50 dólares y un piso de 32.30 en el precio del arroz. “En algunos casos nos vemos obligados a vender hasta el 18 dólares la saca y, si consideramos el volumen de producción de los pequeños agricultores, tenemos una rentabilidad que no supera los 400 dólares en cuatro meses”, añadió.
Mauro Andino, director general del Servicio Nacional de Aduana del Ecuador, aseguró que desde mayo de 2017 se ha hecho frente al contrabando, mediante un trabajo articulado con las otras entidades estatales inmersas en este ámbito (Ministerio de Agricultura, SRI, Ministerio del Interior, Policía), a fin de evitar el ingreso de productos que no cuenten con la certificación de origen.
Entre los resultados de este trabajo de control tenemos que en 2017 se aprehendieron 20 mil sacos de arroz; cinco piladoras fueron cerradas por no contar con la información requerida para su funcionamiento, se mantienen operativos con las intendencias de Policía para verificar que los productos que se comercializan tengan los documentos en regla.
De su lado, Leonardo Orlando, titular del SRI, dijo que se ha podido formalizar a más de 29.300 productores que hoy están incluidos en el registro tributario, cuando hace cinco años el sector arrocero no figuraba en este ámbito y hemos incorporado un control a las piladoras, sin embargo detectamos alrededor de 33 millones de dólares en facturas falsas o de empresas fantasmas.
Entre las acciones que aplicaremos, añadió, está un Régimen Único a la Renta, que facilite la tributación para este sector, mientras los pequeños y medianos productores que deseen podrán continuar con el Régimen Impositivo Simplificado (RISE).
Por su parte, el legislador Daniel Mendoza, miembro de la Comisión, señaló: "Quienes deben beneficiarse de la política pública son los pequeños productores. Tenemos que fomentar la asociatividad, fomentar la participación y que se elimine al intermediario que le ha hecho tanto daño al agro".
El objetivo de la sesión era encontrar soluciones desde las distintas entidades relacionadas con el sector agrícola, a fin de atender los requerimientos de los pequeños productores de arroz y maíz, entre otros.
Asambleísta por la provincia de Manabí | Presidente de la Comisión del Régimen Económico y Tributario y su Regulación y Control - Fiscalización y Control Político | Alianza PAIS - Movimiento MEJOR. Visita mi Perfil
