Los Asambleístas Javier Santos, Rocío Guanoluisa, Daniel Onofa, Johana Moreira, Luis Marcillo, Alejandro Jaramillo presentan el proyecto de reformas al Código Integral Penal que crea mecanismos para combatir a la delincuencia y el crimen organizado y dotar a la Función Judicial de herramientas jurídicas para garantizar la paz y tranquilidad ciudadana con justicia y libertad.
La preocupación por los altos índices de muertes violentas, pues Ecuador cerró el año 2021con una tasa de 13,13 homicidios por cada 100 mil habitantes, que constituye la peor cifra de los últimos 10 años.
Gobierno se ha enfocado en el control de las cárceles para reducir la criminalidad, que contrariamente se ha visto incrementado y, a criterio de algunos expertos en seguridad, la violencia se ha trasladado a las ciudades, lo que incrementa la percepción de inseguridad y el estado de temor en la ciudadanía.
El Gobierno no toma las riendas del tema seguridad con determinación y firmeza como el caso amerita, a la vez que recordó que es competencia exclusiva del Ejecutivo elaborar y ejecutar planes de seguridad, conforme lo establece la Constitución de la República.
El proyecto propone reformar los artículos 189 y 663 del Código Orgánico Integral Penal, que hacen referencia a delitos que deben ser sancionados con penas 15 a 20 años de privación de la libertad.
Según la propuesta, la conciliación se podrá solicitar por una sola ocasión y en caso de reincidencia no se podrá conceder la misma. Exceptúa de esta condición los delitos culposos.
Daniel Onofa Cárdenas, político guayaquileño y representante de una microempresa, miembro de la bancada de la Izquierda Democrática, integrante de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte. Se caracteriza por su sencillez con humanismo, es por esto que sus proyectos van enfocados hacia las personas más vulnerables y a los microempresarios del Ecuador.
