En el marco del debate del proyecto de Ley de Salud Mental, la Comisión del Derecho a la Salud recibió los criterios de Carlos Orellana, médico psiquiatra y psicólogo clínico en el OmniHospital de la ciudad de Guayaquil. A su criterio todas las personas que reciban atención en salud mental, deberán firmar un documento de consentimiento informado, el mismo que debe ser explicado en un lenguaje claro y comprensible, indicando todos los derechos que le asisten al usuario en la legislación vigente.
Recalcó que mientras el usuario no esté en condiciones legalmente establecidas para otorgar su consentimiento, el mismo será firmado por un familiar, su representante legal o quien ostente la patria potestad. Planteó que para el internamiento de una persona por un diagnóstico de trastorno mental o adicción es obligatorio el consentimiento libre e informado de la persona o de su representante legal, tutor o curador.
Además, el diagnóstico e indicación de la necesidad de internación por parte de dos psiquiatras; la estrategia terapéutica sugerida, sus modalidades y condiciones; y, otras definidas por la Autoridad Sanitaria Nacional, con el objeto de garantizar el respeto a los derechos humanos, la autonomía y el tratamiento integral y adecuado a la condición de salud de la persona. El galeno aseguró que está prohibida la prolongación del internamiento sin una justificación médica.
Suicidio
En este marco, la comisión analizó el suicidio de un joven estudiante de medicina durante el curso de su internado en un hospital de Ambato. Geovanny Contreras, representante estudiantil de la Universidad UTE tras narrar la difícil situación que viven los estudiantes de Medicina, aseguró que este caso no es simple, ni aislado. Lo sucedido evidencia la realidad que viven históricamente, no solo los estudiantes de Medicina, sino a los posgradistas, quienes tienen que enfrentar el acoso dentro de las universidades independientemente si es institución publica o privada, reiteró.
Indicó que han recibido otras denuncias, a partir del caso de Fabricio, que se quitó la vida debido a las diferentes complejidades del sistema de salud, entre ellas, el acoso laboral y la difícil situación económica. Planteó que se concreten todos los códigos y acuerdos relacionados con la salud mental; se considere a los estudiantes que están con problemas de salud mental por acoso laboral; se fiscalice a los hospitales; y, no se deje en la impunidad el caso de “Fabricio”.
Los legisladores también escucharon los testimonios de Washington López, padre del joven fallecido. Él compartió parte de la vida de su hijo, del que dijo fue un chico con muchos sueños, destacado estudiante y deportista. Además habló de los sacrificios económicos que hicieron para atender sus estudios. Pidió que su muerte no quede impune para que ningún otro padre pase por su misma situación.
La asambleísta Patricia Mendoza mencionó que conocer diferentes casos de esta índole permitirá que la construcción de la Ley de Salud Mental responda a las necesidades. Además consideró que la Asamblea y el Ejecutivo deben implementar leyes y políticas públicas que combatan el suicidio.
Al finalizar la reunión, la comisión decidió llamar al Gerente y Director Médico, y Director de Docencia del Hospital de Ambato, quienes son los encargados de velar por la seguridad del personal.
Daniel Onofa Cárdenas, político guayaquileño y representante de una microempresa, miembro de la bancada de la Izquierda Democrática, integrante de la Comisión Especializada Permanente del Derecho a la Salud y Deporte. Se caracteriza por su sencillez con humanismo, es por esto que sus proyectos van enfocados hacia las personas más vulnerables y a los microempresarios del Ecuador.
