En el marco del proceso de juicio político en contra de la titular de la Superintendencia de Bancos, Mgs. Ruth Arregui, la mañana de este miércoles 26 de enero compareció el asambleísta interpelante Darwin Pereira Chamba, quien se ratificó en sus acusaciones de que la autoridad de control incurrió en incumplimiento de funciones.
En el desarrollo de su comparecencia en la Sesión No. 2021-2023-077 ante la Comisión de Fiscalización y Control Político, Pereira aclaró que este juicio político se basa en información que ha sido recabada desde el mes de junio de 2021 y expuso los argumentos en los que basó cada una de las causales para este proceso. En primer lugar, destacó la inobservancia de la Superintendente de Bancos de los requisitos legales en la calificación del anterior presidente del Consejo Directivo del IESS, Sr. Jorge Madera Castillo, a quien habilitó para ocupar el cargo, a pesar de no cumplir con los requisitos legales.
Otra causal que citó fue el caso de Big Money, destacando que era una entidad pseudo financiera que, al no contar con autorización de la Superintendencia de Bancos para ofertar productos o servicios financieros, al conocerse su caso que fue expuesto a la ciudadanía por la Fiscalía, el organismo de control debió ordenar la suspensión inmediata de sus operaciones y el cierre de sus oficinas, como lo establece el artículo 275 del Código Orgánico Monetario y Financiero. Asimismo, el asambleísta proponente indicó que, de acuerdo con información remitida por la Superintendencia de Bancos, existen más de 130 entidades similares a Big Money que no están reguladas y que no han sido sancionadas, lo que permite que continúen generando perjuicios millonarios a los ecuatorianos.
Pereira también indicó que otra de las causales se sustenta en la falta de control en la renegociación de deudas entre la banca privada y los usuarios del sistema financiero, que dejó carta abierta para que varios bancos cobren valores prohibidos por la ley. “Si sumamos a los afectados citados en las comparecencias de los representantes de la Superintendencia de Bancos, tenemos más de 20.000 personas perjudicadas por estos cobros indebidos y la autoridad de control no los sancionó. Nos dijeron que para ellos la aplicación de Código Orgánico Monetario Financiero es facultativo y no es así, la ley está para aplicarse y se debió aplicar en estos casos”, sentenció Pereira, asegurando que a pesar de haber solicitado varias veces la lista de los bancos que incurrieron en esta falta, no la ha podido obtener porque indican que es de carácter reservado.
Por otra parte, el asambleísta por El Oro citó que otra causal que se estableció fueron los reclamos y quejas por fraude informático y sustracción de dinero de las cuentas de los clientes en las instituciones financieras de la banca privada, momento en el que se refirió a las comparecencias que se dieron dentro del proceso de la Sra. Narda Goyes, del Sr. José Hijuelos y de la Sra. Orfa Bustamante, quienes en sus intervenciones indicaron que la Superintendencia de Bancos hizo poco o nada en sus casos de suplantación de identidad y fraude electrónico.
Además, el asambleísta interpelante abarcó la siguiente causal: los pagos por convenio de cooperación técnica con Toronto Centre, y se refirió a la comparecencia de la Mgs. Karina Macías, Coordinadora General Administrativa Financiera de la entidad, quien durante su intervención indicó los pagos de esta cooperación se realizan con valores que reciben de la banca privada y destacó que no son fondos públicos por ese motivo no realizan un proceso de Contratación Pública. Aquí, basado en la Ley Orgánica del Servicio Nacional de Contratación Pública, Pereira destacó que una vez que los ingresos de la banca privada pasan a la Superintendencia de Bancos inmediatamente pasan a ser fondos públicos, motivo por el cual debían colocar esos valores tanto en el POA como en el PAC y no podían evadir la elaboración de un proceso de contratación pública. “Yo no objeto que se capaciten, es más estoy de acuerdo con que los servidores públicos tengan la oportunidad de este intercambio de conocimientos para el fortalecimiento institucional, lo que no es viable es que salten un proceso de contratación pública cuando está claro que se debía realizar”, aclaró Pereira.
En cuanto a la causal de falta de control y vigilancia de las actividades del sistema financiero, el asambleísta por El Oro destacó que varias entidades de la banca privada incurrieron en anatocismo, es decir en el cobro de intereses sobre intereses, y a pesar de que los usuarios presentaron el reclamo, la Superintendencia no hizo nada y en algunos casos dispuso el archivo de los procesos. Como punto final, Pereira se refirió a la irregularidades e ilegalidades dentro del concurso para completar las vacantes de defensores del cliente a nivel nacional, en donde se habían presentado varias incongruencias en las 2 convocatorias que se realizaron.
El asambleísta por El Oro recalcó que son 8 causales las que motivaron este proceso de juicio político que debe concluir con la censura y destitución del cargo de la Superintendente de Bancos.
Darwin Pereira Chamba, nació el 26 de mayo de 1973 en el Cantón Las Lajas y desde los 4 años reside en la ciudad de Machala.
Desde muy joven se ha destacado en sus actividades, representó a los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales en el Consejo Directivo de la Universidad Técnica de Machala, fue ex presidente de la Asociación de la Escuela de Derecho de La UTMACH y ex representante estudiantil de los estudiantes de la Universidad de Machala ante el Consejo Universitario.
Ex analista Legal de la Cancillería del Ecuador, zonal El Oro, especialista de responsabilidad social de la empresa de agua potable y alcantarillado del Cantón Machala, asesor informático de varias empresas privadas de su provincia
Es abogado de los Juzgados y Tribunales de la República del Ecuador además ingeniero en sistemas.
