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En el marco de la fiscalización de los derechos de adultos mayores, personas con discapacidad y niños en los Centros de Desarrollo Infantil (CDI), se recibió a representantes de los CDI y autoridades parroquiales de Pichincha.
Samantha Lizano, representante de los CDI en Pichincha, denunció que los pagos a los servicios de catering y a las educadoras están atrasados, con más de cinco meses sin remuneración. "Esto ha llevado a que muchas madres dejen sus trabajos para cuidar de sus hijos", indicó.
Jairo Iza, presidente de CONAGOPARE Pichincha, agradeció a la comisión por atender sus quejas y solicitó una respuesta formal del Gobierno Central, ya que el Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) no ha brindado la información necesaria para renovar convenios en 19 de las 22 parroquias afectadas.
Los representantes de los GAD Parroquiales, como José Pullas, presidente del GAD de Puéllaro, y Katerine Nuñez, vicepresidenta del GAD de Pacto, señalaron las deudas con las educadoras y la falta de atención a los adultos mayores. Esta situación se agrava por la escasez de medicación y las dificultades para que los promotores accedan a áreas remotas.
Rodrigo Pilatuña, presidente del GAD de Llano Chico, y Roberto Flores, de la parroquia Gualea, advirtieron que los problemas no se limitan a los CDI, sino que también afectan a sectores como la salud y la educación.
Mauricio Marroquí, del GAD de Atahualpa, junto a Patricio Chávez, presidente de la Comisión, enfatizaron la urgencia de que el MIES implemente políticas públicas efectivas para la protección social y la defensa de los derechos de los grupos más vulnerables.
La mesa legislativa se comprometió a abordar estos problemas y a proteger los derechos de los sectores más vulnerables, incluyendo a niños, personas con discapacidad y adultos mayores que dependen de los CDI.
Las comparecencias reflejan la grave situación que enfrentan los Centros de Desarrollo Infantil en Pichincha y la falta de atención del Gobierno Central, lo que afecta negativamente a los sectores más necesitados de la población, según lo expresado por los comisionados de Garantías Constitucionales.
