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La Comisión de Participación Ciudadana, al discutir el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria a la Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana, analizó una iniciativa destinada a unificar los criterios para la designación de autoridades en diversas instituciones del país, como la Defensoría Pública, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía General del Estado, la Contraloría General del Estado, el Consejo Nacional Electoral (CNE), el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) y el Consejo de la Judicatura (CJ).
La legisladora Pierina Correa, una de las promotoras de la iniciativa, propuso que las designaciones se lleven a cabo en períodos que no coincidan con elecciones. Afirmó que modificar a los miembros del CNE y TCE durante un proceso electoral podría amenazar la estabilidad de estas instituciones y debilitar la confianza en su integridad.
En este sentido, sugirió que el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) establezca un plazo específico para estas designaciones, suspendiendo cualquier nombramiento de miembros del CNE y TCE durante un proceso electoral, y reanudando solo después de que las nuevas autoridades asuman sus cargos.
Correa también mencionó que el CPCCS debería completar los procesos de selección de autoridades en un máximo de 90 días después de que finalice el mandato de los funcionarios salientes, lo que facilitaría una mejor gestión del tiempo y evitaría vacíos administrativos.
Por otro lado, el legislador Franklin Samaniego, también proponente, coincidió en la necesidad de unificar la normativa para todas las designaciones, con el fin de evitar cambios constantes y regulaciones específicas para cada proceso. Según Samaniego, esto fortalecería la seguridad jurídica y la imparcialidad en los concursos, previniendo la necesidad de crear nuevos reglamentos cada año.
El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, resaltó la importancia de establecer lineamientos claros para los procesos de selección, ya que esto es crucial para asegurar la idoneidad de las autoridades encargadas de funciones clave en la institucionalidad del país.
