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El jueves 30 de enero, la Comisión de Participación Ciudadana continuó con el análisis del Proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador, una propuesta considerada prioritaria en el ámbito económico. Durante la sesión, representantes de distintas instituciones presentaron sus observaciones con el propósito de fortalecer el informe final antes de su presentación en la Asamblea Nacional.
Rodrigo Fernando Varela, en representación de la Defensoría del Pueblo, destacó la necesidad de que el proyecto contemple un enfoque basado en derechos humanos, asegurando que todas las mujeres, sin distinción, puedan acceder a oportunidades económicas en igualdad de condiciones. También propuso agilizar los trámites administrativos y mejorar la atención para mujeres migrantes retornadas, así como para otros grupos en situación de vulnerabilidad.
Por parte del SERCOP, Roxana Sierra presentó datos sobre la presencia de mujeres en procesos de contratación pública y adelantó que se desarrollarán capacitaciones en diversas provincias para ampliar su participación en estos espacios.
Desde el Consejo de Educación Superior (CES), Carmita Álvarez destacó el incremento de la oferta académica en educación superior como una estrategia clave para que más mujeres accedan a formación profesional. También sugirió establecer una coordinación más estrecha con el Ministerio de Educación para garantizar que estas oportunidades lleguen a zonas rurales donde la oferta educativa es limitada.
Luz América Goyes, de la Superintendencia de Bancos, presentó observaciones sobre la inclusión de líneas de crédito diferenciadas dirigidas a mujeres emprendedoras. Explicó además la diferencia entre tarjetas de consumo y de crédito, y resaltó la importancia de consolidar programas permanentes de educación financiera. En la misma línea, Víctor Obando enfatizó que la institución trabaja para fortalecer la seguridad del sistema bancario y proteger los ahorros de los ciudadanos.
En representación de la Superintendencia de Compañías, Verónica Rodríguez hizo hincapié en el papel del SECAP en la capacitación para mujeres emprendedoras. Subrayó la necesidad de que más mujeres conozcan los procesos administrativos para formalizar sus negocios y acceder a beneficios dentro del sistema empresarial.
Por otro lado, Luis Emilio Veintimilla, del Servicio de Rentas Internas (SRI), explicó cómo la digitalización del Registro Único de Contribuyentes (RUC) facilita la formalización de nuevos emprendimientos. Además, incentivó a las emprendedoras a regularizar sus negocios para acceder a los beneficios del sistema tributario formal.
En la fase de debate, la asambleísta Rina Cantó insistió en la urgencia de establecer plazos claros para la regulación financiera dentro del proyecto de ley. Mientras tanto, Luzmila Abad expresó su preocupación por la falta de consideración hacia mujeres migrantes que han retornado al país, especialmente aquellas que fueron deportadas desde Estados Unidos, quienes enfrentan serias dificultades para reinsertarse en la economía.
Por su parte, Rosa Belén Mayorga destacó la necesidad de que la normativa contemple aspectos clave como migración, acceso a educación y herramientas digitales, asegurando que las emprendedoras cuenten con un entorno favorable para su desarrollo.
Los aportes expuestos por las distintas entidades evidencian la importancia de que esta ley tenga un enfoque integral, abordando no solo el acceso al financiamiento y la capacitación, sino también otros factores clave que influyen en la estabilidad y crecimiento de los emprendimientos liderados por mujeres.
