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El jueves 30 de enero, la Comisión de Participación Ciudadana continuó con el análisis del Proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Economía de las Mujeres Emprendedoras del Ecuador, catalogado como urgente en materia económica. En esta sesión, se recibieron aportes de expertas en derecho tributario, economía y emprendimiento con el objetivo de fortalecer la normativa.
Las abogadas Dayuma Serrano y Diana Morcillo, representantes de la organización internacional Women in Taxes, señalaron que el proyecto de ley no contempla disposiciones fiscales o tributarias que respalden sus objetivos. Serrano destacó que, aunque el texto menciona el fomento del "empoderamiento económico de las mujeres emprendedoras", no establece mecanismos como exenciones tributarias, créditos fiscales o reducción del impuesto a la renta que podrían contribuir a su aplicabilidad. Además, mencionó la importancia de respetar la reserva de ley en materia tributaria.
En el debate también se abordó la necesidad de diferenciar los requisitos para acceder a beneficios, tomando en cuenta la diferencia entre personas naturales y jurídicas. En el caso de estas últimas, se destacó la dificultad de determinar si están efectivamente conformadas por mujeres.
Por su parte, Morcillo reconoció que la ley busca cerrar la brecha de género en el ámbito económico, sin embargo, señaló que el enfoque educativo es limitado. Reiteró la falta de herramientas fiscales que permitan aplicar la normativa de manera efectiva si llega a ser aprobada.
La abogada y experta en emprendimiento Johana Salazar participó en la sesión y calificó la propuesta legislativa como un avance significativo. No obstante, advirtió que debe articularse con otras normativas como el Código Orgánico Monetario y Financiero, el Código Orgánico de Producción, la Ley de Emprendimiento e Innovación, entre otras. Explicó que, sin esta alineación legal, el proyecto corre el riesgo de quedarse en una declaración de intenciones sin una aplicación real.
Como propuesta concreta, Salazar sugirió la creación de un Fondo de Garantías y Emprendimiento Femenino con una asignación de USD 100 millones anuales, que permita otorgar créditos al 4 % de interés con un plazo de 5 años, facilitando así el acceso al financiamiento para mujeres emprendedoras.
Finalmente, en representación de las 14 nacionalidades y de las mujeres amazónicas shuar, María Sharupi Jua compartió su perspectiva sobre el rol de las mujeres indígenas en la economía de sus comunidades. Señaló que, pese a su aporte en la garantía de la soberanía alimentaria, muchas de ellas enfrentan barreras significativas para acceder a financiamiento y mercados, por lo que es esencial que la normativa contemple su realidad y necesidades.
Los aportes recogidos en esta sesión resaltan la importancia de dotar a la ley de herramientas concretas para su implementación y garantizar que realmente beneficie a las mujeres emprendedoras en distintas realidades del país.
