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El lunes, 10 de marzo de 2025, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social llevó a cabo la sesión N.° 101, en la que se dio seguimiento al incumplimiento del programa de becas “Futuro Femenino 2024”. Durante la jornada, se evidenció la grave situación que enfrentan los médicos posgradistas, quienes han tenido que asumir por cuenta propia los costos de su formación académica ante la falta de financiamiento prometido por el Gobierno. En este contexto, se recibieron dos Comisiones Generales.
Dra. Giovanna Franchesca Ortega Vera, estudiante del Posgrado en Medicina Familiar y Comunitaria, expuso que, pese a haber superado el proceso de selección en agosto de 2024, el apoyo económico aún no ha sido entregado, lo que ha llevado a muchos becarios a endeudarse o abandonar sus empleos para cumplir con los requisitos del programa. Advirtió que, de no obtener una respuesta pronto, varios estudiantes podrían verse obligados a suspender sus estudios.
En el mismo sentido, Alejandra Carolina Cantuña Corrales, abogada de los médicos posgradistas, informó que, tras solicitar información a la PUCE, Senescyt y el Ministerio de Salud Pública, recibió como respuesta que las becas no existen formalmente, lo que generó mayor incertidumbre sobre la transparencia del proceso.
El presidente de la Comisión, asambleísta Patricio Chávez, recalcó que este problema no solo afecta a los profesionales involucrados, sino que tiene un impacto directo en la salud pública. Enfatizó que el Estado debe cumplir con sus compromisos y evitar generar falsas expectativas en los jóvenes que buscan especializarse para servir a la ciudadanía.
El asambleísta Franklin Samaniego presentó documentos que evidencian la asignación previa de becas y la falta de cumplimiento por parte de las autoridades. A su vez, Carmen Tiupul propuso la elaboración de un informe detallado sobre la situación de los becarios afectados, mientras que Mariana Yumbay cuestionó las decisiones del Ejecutivo, señalando que esta situación refleja una vulneración de derechos y un retroceso en las oportunidades de formación profesional.
Ante estos hechos, la Comisión reafirmó su compromiso con la fiscalización de los recursos destinados a la educación y continuará exigiendo al Gobierno respuestas concretas para garantizar que los médicos posgradistas reciban el apoyo que les fue prometido.
