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El 20 de marzo, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social ha iniciado el proceso de fiscalización en torno a los impactos del derrame de petróleo ocurrido el 13 de marzo en el sector de El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas. La resolución del Pleno de la Asamblea Nacional del 18 de marzo dispuso que esta mesa legislativa analice a profundidad las consecuencias ambientales, económicas y sociales del desastre, con el fin de exigir las medidas de reparación y mitigación necesarias.
En la sesión, se estableció un cronograma de trabajo que prevé la aprobación del informe no vinculante el 17 de abril. Para ello, se ha dispuesto solicitar información y convocar comparecencias de las autoridades de los ministerios de Ambiente, Finanzas y Salud; Petroecuador; la Defensoría del Pueblo; la Secretaría Nacional de Gestión de Riesgos, así como los alcaldes de Esmeraldas, Atacames, Quinindé y Río Verde. También se incluirá la participación de especialistas ambientales, académicos y representantes de la sociedad civil para contar con una visión integral de la crisis.
Durante la sesión, la asambleísta Gissela Garzón alertó sobre la magnitud de la emergencia, señalando que más de 500 mil personas enfrentan la falta de agua potable, atención médica y albergue. Destacó que este desastre no solo ha causado un daño ecológico severo, sino que ha impactado directamente en la vida de miles de ecuatorianos, por lo que es fundamental exigir respuestas urgentes a las autoridades responsables.
El presidente de la Comisión, Patricio Chávez, expresó su preocupación por la contaminación de más de 80 kilómetros de ríos, incluyendo el Esmeraldas y el Viche, así como por las repercusiones en la salud y el bienestar de las comunidades afectadas. Subrayó que la interrupción del suministro de agua y el cierre de playas han agravado la crisis, afectando a sectores económicos clave. Chávez reafirmó el compromiso de la Comisión con la transparencia y la rendición de cuentas, asegurando un seguimiento riguroso de las acciones gubernamentales para mitigar los daños y ejecutar un plan efectivo de remediación ambiental.
Por su parte, el asambleísta Franklin Samaniego criticó la falta de respuestas claras por parte del Ejecutivo, mientras que la legisladora Mónica Salazar insistió en que la Comisión no cesará su labor hasta garantizar que el Gobierno tome medidas concretas para atender a los afectados, especialmente a los agricultores y pescadores que han visto comprometidos sus medios de vida.
Además del análisis sobre el desastre ambiental, la Comisión abordó el incumplimiento en la entrega de información por parte del Ministerio de Gobierno y el Directorio del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas (ISSFA), en relación con los requerimientos realizados por los asambleístas Victoria Desintonio y Cristhian Vega. Ante la falta de respuesta de estas instituciones, se ha decidido reiterar los pedidos de información, con un plazo máximo de cinco días para su entrega, conforme a lo dispuesto por la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Finalmente, con 7 votos a favor, la Comisión aprobó la moción presentada por la asambleísta Gissela Garzón para dar seguimiento al proceso de fiscalización del derrame petrolero en Quinindé. Concluidos los puntos del orden del día, se dio por cerrada la sesión.
