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El lunes 24 de marzo de 2025, la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social sesionó de forma virtual para conocer, debatir y aprobar dos informes relevantes sobre procesos de fiscalización dispuestos por el Pleno de la Asamblea Nacional. La sesión N.º 106 se desarrolló con quórum reglamentario y la participación activa de sus miembros.
En primer lugar, se analizó el informe elaborado en cumplimiento de la Resolución RL-2023-2025-122, relacionada con el seguimiento de los Decretos Ejecutivos 317 y 383. Estos decretos dispusieron la condonación de créditos coactivos en fase de apremio, calificados con riesgo “E”, por montos de hasta cinco mil dólares. El documento aprobado da cuenta del proceso de implementación por parte de BanEcuador y del Banco Nacional de Fomento en Liquidación, y recoge los resultados de múltiples pedidos de información, respuestas institucionales y comparecencias ciudadanas que evidenciaron trabas en la ejecución del beneficio.
Según el informe, BanEcuador reportó la condonación de 13.315 operaciones de crédito a nivel nacional, por un monto total de 66,26 millones de dólares. Sin embargo, se detectaron demoras, inconsistencias y falta de información pública accesible, como lo advirtió también la Defensoría del Pueblo. Además, se evidenciaron dificultades en la implementación de los mecanismos establecidos para la condonación, especialmente en zonas rurales y entre los pequeños productores.
Con base en este análisis, la Comisión aprobó con 9 votos a favor el informe que incluye recomendaciones para garantizar mayor transparencia, fortalecer la rendición de cuentas y asegurar que las entidades responsables cumplan efectivamente con lo dispuesto en los decretos. La moción fue presentada por la asambleísta Mónica Salazar.
En el segundo punto del orden del día, se dio paso a la lectura y aprobación del informe sobre la Resolución RL-2023-2025-116, que aborda la fiscalización del programa de becas “Futuro Femenino 2024” y la situación de los médicos becarios y posgradistas autofinanciados. Este informe reveló que, pese a haber superado los procesos de selección, muchas beneficiarias aún no han recibido los recursos prometidos por el Estado, lo que ha generado incertidumbre, endeudamiento e incluso la deserción de estudios por falta de recursos.
Durante la elaboración del informe se recabó información de universidades, ministerios y organismos de control, que evidenciaron la falta de claridad normativa y presupuestaria en el programa. Asimismo, se documentó el impacto negativo de este incumplimiento en la formación de profesionales de la salud, en un contexto donde el país requiere más médicos especializados.
El informe fue aprobado con 7 votos afirmativos y plantea medidas correctivas, entre ellas, que se garantice el cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Estado con las becarias, y se revise el diseño y ejecución de los programas de becas para evitar vulneraciones a los derechos de quienes acceden a estas oportunidades.
La sesión concluyó con el compromiso de la Comisión de dar seguimiento al cumplimiento de las recomendaciones y de continuar fortaleciendo los mecanismos de fiscalización en beneficio de la ciudadanía. Como lo señaló el presidente Patricio Chávez al clausurar la jornada, “estos informes no son un punto final, sino un punto de partida para garantizar justicia, equidad y eficacia en las políticas públicas”.
