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El viernes 04 de abril de 2025, con quórum reglamentario, instalamos la Sesión No. 110 de la Comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social, en el marco del proceso de fiscalización dispuesto por el Pleno de la Asamblea Nacional mediante la Resolución RL-2023-2025-171. En esta sesión, recibimos a reconocidos expertos que aportaron criterios técnicos, científicos y jurídicos sobre el impacto del derrame petrolero ocurrido el pasado 13 de marzo en El Vergel, cantón Quinindé, provincia de Esmeraldas.
Durante la jornada se posesionaron las asambleístas Dayanna García Macías, Lourdes Alta Lima y Rina Cantó Aguilar, en reemplazo de sus principales, quienes presentaron sus respectivas excusas. Además, se autorizó la participación con voz de la asambleísta Paola Cabezas Castillo, conforme al artículo 23 de la Ley Orgánica de la Función Legislativa.
Recibimos en comisión general al Dr. Inty Andrés Gronneberg Ipiales, científico, emprendedor y activista ambiental, quien advirtió que la falta de mantenimiento adecuado fue una de las causas del derrame. Señaló que sin rigor técnico se corre el riesgo de que los seguros no cubran los daños si el evento es catalogado como acto deliberado. Cuestionó la falta de transparencia del Gobierno respecto al volumen real de crudo derramado y recalcó que, sin datos precisos, es imposible dimensionar si las acciones de mitigación son efectivas o meramente simbólicas.
Posteriormente, el Dr. Eduardo Rebolledo Monsalve, docente investigador de la PUCE sede Esmeraldas, presentó los resultados de investigaciones de campo que revelan la presencia de residuos oleosos en especies marinas frente a la costa de Esmeraldas. Advirtió que no se emitieron alertas sobre los riesgos del consumo de mariscos contaminados con hidrocarburos policíclicos, afectando la salud pública y la economía pesquera. Además, criticó que los propios técnicos no fueron informados del volumen de crudo, lo que impidió dimensionar adecuadamente la respuesta técnica.
El Dr. René Bedón Garzón, decano de Derecho de la Universidad Metropolitana y profesor de la PUCE, abordó el análisis jurídico del derrame, planteando cuatro fases necesarias: verificación del estado de autorizaciones, actualización del plan de manejo ambiental, actuación de la autoridad competente para determinar el daño, y ejecución del plan de reparación integral. Afirmó que no se han iniciado procesos administrativos de determinación del daño y que cualquier afectación ambiental requiere acción directa de las instituciones competentes.
Por su parte, el Ing. Luis Alfonso Castillo Noboa, experto en Petróleos, propuso conformar una comisión interdisciplinaria de expertos que permita evaluar rigurosamente los impactos ambientales, económicos y sociales del derrame. Alertó sobre las dificultades técnicas durante la emergencia, como el hecho de que las válvulas de cierre debieron ser accionadas manualmente tras largas distancias, lo cual evidencia graves falencias en los sistemas de contingencia.
Durante el debate, las asambleístas Paola Cabezas y Mariana Yumbay reiteraron la urgencia de contar con información oficial y transparente, así como de garantizar procesos de reparación efectivos. La asambleísta Lourdes Alta Lima destacó la falta de normativa clara para aplicar un plan integral de remediación y cuestionó la ausencia de plazos en la legislación vigente.
Al concluir la sesión, reiteramos nuestro agradecimiento a los comparecientes por su valioso aporte y reafirmamos el compromiso de esta Comisión con la fiscalización rigurosa y transparente. Nuestra labor continuará para asegurar que las comunidades afectadas reciban justicia y que este desastre ambiental no quede impune.
Más fotografías en el siguiente enlace:
https://flic.kr/s/aHBqjC7TWD
