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Con el objetivo de presentar un informe exhaustivo y justificado ante el Pleno de la Asamblea, esta Comisión está avanzando en el proceso de fiscalización relativo al Acuerdo del Fondo Monetario Internacional con el Estado ecuatoriano. En esta jornada, contó con las intervenciones de los especialistas en economía Kevin Collaguazo y Pablo Dávalos; de Daniel Ortega, exministro del Ambiente; y, Juan Salvador, presidente del Colegio de Economistas de Pichincha.
Kevin Collaguazo explicó que en los países latinoamericanos el gasto supera al ingreso, y que tras la crisis financiera de 2008 era necesario implementar programas de estabilización. Advirtió que al aumentar la deuda, el crecimiento económico se verá afectado, cuestionando la necesidad de endeudarse con el FMI si no es para cubrir el déficit fiscal.
El experto económico afirmó que la deuda con el FMI se destina a pagar otras deudas, por lo que la firma de este crédito no sería la mejor opción, ya que tendría un alto costo y impactaría negativamente en el crecimiento económico del país. También señaló que los programas del FMI tienen un impacto negativo en la desigualdad de ingresos, especialmente para los grupos de menores ingresos, y que este efecto perdura durante varios años.
Recomendó evitar las medidas de austeridad, proteger el gasto social, implementar medidas fiscales progresivas y promover la transparencia. Destacó la importancia de minimizar las medidas de austeridad impuestas por el FMI, aumentar el gasto en sectores sociales clave y generar ingresos de manera progresiva.
Por otro lado, Daniel Ortega habló sobre la gestión de sostenibilidad integral y destacó que las inversiones fiscales en Ecuador, especialmente en el sector petrolero, enfrentan un alto riesgo climático. Propuso que la bioeconomía podría guiar la transición a un desarrollo sostenible y atracción de inversiones, y que el financiamiento propuesto por el FMI no es coherente con este enfoque. Recomendó un pacto social para un modelo de desarrollo sostenible renovado.
Los legisladores resaltaron la importancia del tema y la necesidad de transparencia en los gastos públicos, priorizando la salud de la ciudadanía.
