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Durante el proceso de supervisión del cumplimiento del Decreto Ejecutivo 317, que trata sobre la condonación de créditos coactivos de hasta 5,000 dólares, la Comisión de Participación Ciudadana recibió comentarios de diversos representantes de organizaciones ciudadanas.
Alonso Tadeo, presidente de la Federación de Comunidades Negras de Imbabura y Carchi, destacó que la iniciativa del gobierno favorecerá la reactivación económica de las áreas rurales y de las familias en comunidades negras, las cuales, según él, han caído en deudas debido a los efectos del cambio climático extremo y la pandemia.
“Esperamos que esta condonación no se convierta en un impedimento para los agricultores que requieren nuevos préstamos de la banca pública, ya que solo se está haciendo justicia para aquellos que hemos sostenido la producción de alimentos en el país, incluso en los momentos más difíciles,” afirmó.
Fonta Morales, de la Confederación Comarca Afroecuatoriana del Norte de Esmeraldas, coincidió con estas opiniones y subrayó la importancia de que la comisión asegure el cumplimiento del decreto, ya que es la única forma de que esta medida beneficie a los agricultores que han perdido cultivos enteros de cacao y plátano por falta de financiamiento.
Carlos Santos, presidente de la Corporación Porvenir Valle del Chota, expresó su preocupación por la incertidumbre que rodea la condonación de deudas, mencionando que hay pequeños productores agrícolas que necesitan nuevos créditos. “Sin embargo, el proceso para obtener un préstamo de 5,000 dólares es extremadamente lento y, por lo general, las aprobaciones llegan después de que han pasado los plazos de siembra o cuando las plagas han devastado los cultivos”, comentó.
Al concluir las comparecencias, los comisionados decidieron solicitar a BanEcuador la información necesaria para verificar el alcance real de la condonación de deudas, en términos de las personas y familias beneficiarias, tal como se establece en el Decreto Ejecutivo.
En este contexto, el legislador Franklin Samaniego enfatizó la necesidad de contar con esta información, indicando que los criterios para acceder a la condonación, como estar en créditos coactivos, en fase de apremio, y tener un alto riesgo de incumplimiento, así como contar con provisiones sin garantías reales, favorecerían a un grupo muy reducido de ciudadanos.
