Trataré de ser breve. Hemos escuchado hasta la saciedad argumentos, explicaciones, relatos y excusas. Más allá de las que razonable y sinceramente podemos procesar en una sola Sesión. Por ello, no busco sumar a la palabrería y prefiero referirme a hechos.
Hecho: Se ha pretendido desviar la atención de los ecuatorianos de los hechos de corrupción que envuelven a la Ministra de Gobierno y concentrarla en los lamentables sucesos ocurridos en el mes de octubre del año pasado.
Hecho: No hay justificativo alguno para lo ocurrido en octubre del año pasado. Nada excusa a la Ministra por el brote de violencia, heridos y fallecidos de lado y lado, ni la disculpa por la facilidad que hallaron los vándalos para destruir bienes públicos y privados.
Hecho: Ecuador tiene una Ministra de Gobierno que está siendo investigada por actos de corrupción relacionados a la “repartición” de hospitales a miembros de esta Asamblea, algunos presos, otros huidos. Aunque la Ministra no quiera hablar de ello.
Hecho: Esto es un juicio político, no somos jueces ni administramos justicia. No buscamos castigar a un “culpable” sino ratificar la idea de que quienes gobiernan tienen la obligación de hacerlo siguiendo los intereses del pueblo, no intereses personales y menos aún, pensando sólo en sus bolsillos.
Hecho: Los legisladores, como titulares del control político en este país, nos formamos un juicio de legitimidad dentro de un contexto de legalidad. Velamos por los intereses del pueblo ecuatoriano, y por eso también nos importa la moral pública. No podemos permitir que gobiernen el país personas a quienes se ha cuestionado por su falta de honestidad, probidad e integridad.
Por ello, debemos respondernos: ¿Ecuador merece una Ministra de Gobierno tan profundamente cuestionada? En otras naciones, autoridades con menos cuestionamientos han renunciado a sus cargos por respeto al pueblo. Frente a los hechos ya mencionados, esto no tendría porque ser discutido siquiera.
Y sobre, si ha incumplido o no funciones previstas constitucional y legalmente, que debe ser el fundamento normativo para que procesa la censura y destitución de la Ministra, basta leer el artículo 83, numerales 5, 7, 8 y 11 de la Constitución de la República de Ecuador, los cuales condicionan la actuación cotidiana de todos los servidores públicos. Las funciones públicas deben ser asumidas como un servicio a la colectividad. La Ministra las ha asumido como un servicio de beneficio personal.
Diga lo que diga la Ministra, ha perdido la confianza de todos los ecuatorianos. Deberá resolver los cuestionamientos que tiene ante la justicia ordinaria y tendrá que hacerlo como una ciudadana más. No con recursos públicos ni en posiciones de poder político. Es lo que haría una persona de bien. Mientras, tendrá que asumir su responsabilidad política y ser censurada políticamente en este hemiciclo.
Muchas gracias.
Asambleísta Nacional | Integrante de la Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral | Partido Social Cristiano
