Objetivo Concretar mecanismos de identificación, seguimiento y garantía de los derechos humanos en el Ecuador desde la Asamblea Nacional.
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RESOLUCIÓN
Quito, 27 de marzo de 2020
El Grupo Parlamentario de Derechos Humanos, en Coordinación con la Defensoría del Pueblo del Ecuador, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el Comité Permanente de Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil, ante la emergencia sanitaria que vive el país, y comprometido en contribuir en las soluciones de la misma,
ACUERDA:
1. Pedir urgentemente al Presidente de la República, ubique todos los recursos disponibles para fortalecer el sistema de salud pública del país, adoptando los protocolos de la Organización Mundial de la Salud y garantizando la protección de los profesionales y trabajadores del sistema de salud a través de medidas de bioseguridad y equipamiento adecuados y superar el desabastecimiento que han evidenciado en sus protestas. Adquiera y efectúe pruebas masivas, gratuitas y de libre acceso para los casos del COVID y proveerse de insumos, medicinas, tecnologías y equipamiento;
Así mismo, destinar los recursos necesarios en coordinación con los GAD y los COE para el manejo adecuado y oportuno de cadáveres en base a los protocolos correspondientes.
Promover que los servicios de salud privados, se pongan al servicio de la salud pública en el marco de la emergencia sanitaria, la solidaridad y la responsabilidad social.
2. Exhortar al Gobierno Nacional a que, en garantía de los derechos fundamentales, el clamor ciudadano y el pedido de instituciones públicas, recomendaciones de Organismos internacionales e incluso de los propios organismos multilaterales de crédito, priorice la salud, llegando a acuerdos de suspensión temporal de pago de la deuda externa y de los acreedores del Estado, mientras dure la emergencia sanitaria y de ser el caso su condonación, refinanciamiento y/o suspensión temporal del crédito.
3. Requerir al Gobierno Nacional para que garantice el derecho a la alimentación, especialmente de los sectores más vulnerables: personas incluidas en el registro social, beneficiarias del bono de desarrollo humano, personas sin techo, en situación de calle, migrantes, trabajadores informales, personas en condición de pobreza. Para que, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería, en coordinación con los GAD establezcan mecanismos de comercialización y distribución de productos alimenticios dirigidos a abastecer una canasta básica de alimentos con organizaciones campesinas, comunitarias, cooperativas, organizaciones de la economía popular y solidaria, pequeños y medianos productores.
4. Exigir al Instituto de Fomento del Talento Humano el pago inmediato bajo la figura de pre liquidación, misma que será convalidada después de que el país supere la emergencia sanitaria por Covid 19 de los valores que están pendientes de pago a los becarios ecuatorianos en el extranjero, los mismos que se encuentran en situación de vulnerabilidad. No se requerirá a los becarios documentos extras que conlleven sellos o firmas originales, bastará con certificaciones digitales.
5. Solicitar al COE Nacional revisar de manera inmediata el protocolo inconstitucional dictado para el retorno de los ecuatorianos que se encuentran en el exterior, a fin de garantizar la reunificación familiar y su salud. Exigimos al Gobierno Nacional que, a través de sus organismos competentes, se suspenda todo tipo de obligación económica dirigida a los ciudadanos ecuatorianos varados en el exterior previo a su retorno y que tenga como objetivo solventar los gastos que se generen por su aislamiento provisional obligatorio. Así mismo, instamos al Defensor de Pueblo para que en ejercicio de sus facultades constitucionales y legales tome las medidas de protección y las acciones constitucionales que garanticen el amparo directo y eficaz de los derechos de los ecuatorianos en el exterior.
6. Instar al Ministerio de Gobierno para que disponga que las Intendencias y Comisarias, en coordinación con las instancias pertinentes controlen la especulación en los precios de los productos de primera necesidad y la provisión de servicios básicos.
7. Exigir al Gobierno Nacional que garantice el derecho al trabajo y una remuneración justa conforme lo establece la Constitución de la República, el Pacto Internacional de Derechos Económicos Sociales y Culturales, la Organización Internacional del Trabajo e instrumentos internacionales. Además, que se ejecuten los controles necesarios para que las entidades del sector privado cumplan con estas obligaciones constitucionales, legales e internacionales.
8. Solicitar al Consejo de la Judicatura, a la Defensoría del Pueblo y a las Juntas de Protección de derechos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados, garanticen la tutela judicial efectiva, para precautelar el derecho a una vida libre de violencia en lo público y privado y exhortar a los GAD para que en coordinación con el Sistema integrado del ECU 911, habiliten el sistema de protección y apoyo permanente a personas que sufren violencia intrafamiliar.
9. Requerir al sistema judicial, para que en caso de que exista la comisión de un delito o infracción flagrante, se lleven a cabo las audiencias y otras diligencias a través de plataformas virtuales; proveyendo para los detenidos todas las medidas de bioseguridad necesarias.
10. Hacer un llamado a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional a cumplir con su importante rol, con observancia estricta de todos los protocolos que garanticen el pleno respeto a los derechos humanos de la población y el uso progresivo de la fuerza. Requerir a los Ministerios de Gobierno y de Defensa socializar con la comunidad los protocolos que aplican las instituciones para el control en las calles.
11. Requerir al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores se garantice la seguridad sanitaria de esta población y se establezcan los protocolos dirigidos a precautelar la salud y bienestar de sus familiares y el cuerpo de seguridad de los Centros de Rehabilitación Social.
12. Exhortar al Gobierno Nacional, al sistema de justicia y al Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas la Libertad y Adolescentes Infractores a tomar medidas urgentes para acoger el llamado de la Alta Comisionada de las Derechos Humanos de las Naciones Unidas, y liberar a los presos de baja peligrosidad, enfermos, adultos mayores, presos políticos como Jorge Glas y otros y a aquellos que han cumplido con el 40% de la pena.
13. Instar a las autoridades del Gobierno Nacional, al COE Nacional para que cumplan con las recomendaciones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Relatora de Derechos Económicos, Sociales y Culturales respecto de la necesidad de velar por los derechos humanos en medio de la crisis sanitaria que vive el mundo. Y requerir que se transparenten a diario, con una sola vocería, los datos sobre infectados y fallecidos e información general de esta emergencia.
14. Que en coordinación entre El Gobierno nacional y los GAD analicen una moratoria temporal de cobros de servicios básicos.
15. Exigir mayor y más eficaz presencia del Estado nacional y local en la provincia del Guayas, para enfrentar la emergencia sanitaria, la pobreza e inequidad que se han profundizado con la presencia del COVID -19, por ello, solicitamos que de manera urgente se tomen todas las medidas necesarias, ya sean sanitarias, sociales, económicas, entre otras, que permitan garantizar los derechos de los guayasenses, en especial, de los más vulnerables y de todo el personal que se encuentra expuesto por su trabajo diario.
Rechazamos cualquier trato degradante en contra de la ciudadanía y las pretensiones de endilgar responsabilidades que le competen a las autoridades. Finalmente expresamos nuestra profunda solidaridad con la provincia del Guayas, en especial con el cantón Guayaquil, ciudad donde existen más casos de Covid-19.
16. El respaldo del trabajo realizado por la Defensoría del Pueblo del Ecuador en pos de precautelar los derechos humanos en el país y requerir al COE Nacional para que de manera permanente invite a la Defensoría del Pueblo a todas las sesiones y reuniones de trabajo de este organismo interinstitucional.
17. Emplazar a la solidaridad social e impulsar a los arrendadores de vivienda, de locales comerciales, de pequeños y medianos emprendimientos, para que de común acuerdo con los arrendatarios establezcan exoneraciones, moratorias o rebajas temporales del canon de arrendamiento por al menos 90 días, contados desde el inicio de la cuarentena en Ecuador.
18. A la población que habita el Ecuador a que redoble esfuerzos quedándose en casa, realizando acciones de solidaridad y siguiendo los protocolos establecidos, para contribuir a vencer en el menor tiempo a esta pandemia.
Atentamente,
Por el GRUPO PARLAMENTARIO DE DERECHOS HUMANOS:
As. Doris Soliz. As. Tito Puanchir
COORDINADORA SECRETARIO
