Objetivo
Concretar mecanismos de identificación, seguimiento y garantía de los derechos humanos en el Ecuador desde la Asamblea Nacional.

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GRUPO PARLAMENTARIO PLANTEA FORTALECIMIENTO DEL ESTADO DE DERECHOS EN EL MARCO DEL COVID-19

Viernes, 17 de abril del 2020 - 18:35 Imprimir

PRONUNCIAMIENTO

Quito. 17 de abril de 2020

La crisis sistémica que ha generado la pandemia mundial del COVID-19, afecta las fibras más sentibles de la sociedad, pone a prueba los sistemas de gestión política y refleja las debilidades estructurales de los Estados. En Ecuador hemos pasado de tener una emergencia sanitaria a tener una crisis económica, política, institucional y social que en conjunto ponen en riesgo el Estado de Derechos y la garantía de los derechos humanos.

El Grupo Parlamentario por los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, suscribe respectivamente la declaración de la Corte y la resolución No 01/2020 del 10 de abril de 2020, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos sobre el COVID-19. En aquel contexto exhortamos a las autoridades responsables de la gestión de la pandemia:

  1. Garantizar el ejercicio pleno de los derechos constitucionales que no se encuentran limitados o restringidos por el Estado de Excepción, en particular el derecho convencional y constitucional de acceso a la justicia principalmente el respecto a la posibilidad de accionar garantías constitucionales, el derecho a la vida, la salud e integridad personal.
  2. Respetar los derechos laborales de las personas trabajadoras independientemente de su modalidad, preservar sus fuentes de trabajo, asegurar el ingreso necesario para su subsistencia en condiciones de dignidad, garantizar parámetros de bioseguridad cuando corresponda; y, los derechos vinculados a la seguridad social.
  3. Garantizar información veraz y fiable respecto a la gestión de la pandemia y de las acciones en concreto que esté ejecutando el gobierno para palear la emergencia sanitaria que se vive actualmente.
  4. Implementar mecanismos de denuncia directa e inmediata para tutelar el derecho de una vida libre de violencia con especial atención a los grupos de atención prioritaria.
  5. Garantizar los principios de absoluta necesidad, proporcionalidad, precaución y progresividad en el uso de la fuerza legítima del Estado para implementar medidas de contención.
  6. Reducir los niveles de hacinamiento en los diferentes Centros de Rehabilitación Social; y, garantizar de forma motivada la aplicación de medidas alternativas a la privación de la libertad y garantizar la excepcionalidad de la prisión preventiva.
  7. Promover la cooperación internacional humanitaria.
  8. Dada la naturaleza de la pandemia, los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales deben ser garantizados sin discriminación a toda persona bajo la jurisdicción del Estado.

Atentamente:

GRUPO PARLAMENTARIO DE DERECHOS HUMANOS

 

 

 

 

 

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