Objetivo Concretar mecanismos de identificación, seguimiento y garantía de los derechos humanos en el Ecuador desde la Asamblea Nacional.
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PRONUNCIAMIENTO
Quito, 27 de mayo de 2020
El Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos, preocupado por el aumento de los casos de contagio con el COVID-19 en los Centros de Rehabilitación Social del país; en particular por la información proporcionada por el Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Privadas de Libertad (SNAI) el pasado 20 de mayo de 2020, instancia que detalló que 435 personas privadas de libertad (ppl) están contagiadas del COVID-19, de los cuales 419 PPL se encuentran en el Centro de Rehabilitación Social de Ambato e incluso 2 han fallecido.
Según reportes de la SNAI el hacinamiento en los CRS del país llega al 33,57% de un total de 39.353 PPL custodiados; constituyendo un escenario de alto riesgo en medio de la pandemia del COVID-19; por lo que, es urgente que el Gobierno Nacional, las autoridades penitenciarias, la Administración de Justicia y la Asamblea Nacional tomen medidas dirigidas a enfrentar el hacinamiento carcelario en el marco de sus competencias, para contrarrestar los efectos nocivos del virus y garantizar la integridad, salud y vida de los ppl, guías penitenciarios y personal administrativo de los CRS.
Por lo mencionado, el Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos insta:
1.- Al Gobierno para que se apliquen medidas urgentes que sustentadas en las recomendaciones de Michelle Bachelet, Alta Comisionada para los Derechos Humanos de Naciones Unidas, que insta a las autoridades a buscar formas para liberar a la población carcelaria vulnerable al Covid 19, como es el caso de adultos mayores, personas con enfermedades catastróficas, mujeres embarazadas y PPL con infracciones menores.
2.- Acoger el exhorto emitido por la Corte Constitucional a través del Dictamen No. 2-20-EE/20 del pasado 22 de mayo de 2020, donde señala que “(...) jueces, juezas, tribunales, fiscales, el Presidente de la República, la Asamblea Nacional, según corresponda de acuerdo a sus competencias y deberes constitucionales y legales (...) a la hora de decidir, conforme a derecho, sobre indultos, amnistías, medidas cautelares y penas alternativas a la privación de libertad, la prelibertad y la libertad condicional.
3.- Respaldar el pedido de la Defensoría del Pueblo, por medio del cual solicita a la Presidenta del Organismo Técnico de Rehabilitación Social plantee al Presidente de la República la utilización de la figura del indulto, para PPL con mayor riesgo de contagio como son las personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas y madres con hijos al interior de los CRS.
4.- Acoger el pedido de la Defensoría del Pueblo para que la Asamblea Nacional promueva reformas normativas dirigidas al arresto domiciliario, o libertad anticipada para delitos que no representen un riesgo, así como la revisión de la privación de libertad por contravenciones y apremio por alimentos, con la finalidad de mitigar el riesgo de contagio del COVID-19 para personas adultas mayores, personas con enfermedades crónicas, mujeres embarazadas o con niños a su cargo, y para quienes estén prontas a cumplir condenas.
5. Requerir al Consejo Nacional de la Judicatura inste a los jueces, juezas y tribunales de justicia apliquen medidas alternativas a la prisión preventiva y está sea usada como último recurso en garantía de la justicia y el debido proceso.
5.- Exhortamos a la Función Ejecutiva de manera urgente para que dote a los Centros de Rehabilitación Social del país las suficientes pruebas de verificación de Covid – 19, para detectar a tiempo los casos de contagios y evitar su propagación, e insumos de bioseguridad a las personas privadas de la libertad como al personal de seguridad y trabajadores de los Centros de Rehabilitación Social.
6.- Emitir informes periódicos de la situación de contagios y atención hospitalaria de cada CPL y CRS del país.
Atentamente:
GRUPO PARLAMENTARIO DE DERECHOS HUMANOS
