EN DEFENSA DE LOS DERECHOS LABORALES DE LOS TRABAJADORES DEL SECTOR PRIVADO, PÚBLICO Y AUTÓNOMO
Sábado, 30 de mayo del 2020 - 20:21
Imprimir
PRONUNCIAMIENTO
Quito, 30 de mayo de 2020
En defensa de los derechos laborales de los trabajadores del sector privado, público y autónomo
El Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, expresa su preocupación ante las múltiples vulneraciones a los derechos humanos ocurridas en el marco de la emergencia sanitaria y el Estado de Excepción; reportadas por la Defensoría del Pueblo, que al 24 de mayo de 2020 registra más de 8.000 denuncias entre las que se incluyen afectaciones a derechos laborales cuyo contexto se expresa en más de 150.000 desvinculaciones de trabajadores del sector privado; muchas de las cuales se han justificado con el argumento de ser casos de fuerza mayor dispuestos en el artículo 169.6 del Código de Trabajo ; y más de 4.000 despidos en el sector público.
A las desvinculaciones mencionadas se suma las inadecuadas condiciones de seguridad de los trabajadores en general y de los trabajadores de la salud, el no pago de remuneraciones, las denuncias de los trabajadores autónomos o informales relacionadas con el impedimento de ejercer sus actividades laborales, la reducción de las remuneraciones, la suspensión de jornadas laborales con cargo a vacaciones, el no pago de liquidaciones de haberes, el hostigamiento y acoso laboral por denuncias de irregularidades en el trabajo y el no acceso al teletrabajo.
Por otro lado, la aprobación por parte de la Asamblea Nacional del Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Derivada del COVID-19, cuyo contenido incluye un capítulo relativo a la sostenibilidad del empleo; que se encuentra en manos del Presidente de la República para su sanción; ha sido observado por organizaciones de trabajadores; organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Defensoría del Pueblo, al sostener que la construcción de la normativa no tomó en cuenta la perspectiva de los trabajadores como legítimos interlocutores sociales; limitó la capacidad de las negociaciones colectivas y colocó desproporcionadamente la carga de la crisis a los trabajadores privados y empleados públicos, afectando el empleo, las remuneraciones, el consumo, la liquidez de las empresas, la productividad y la reactivación económica; provocando un escenario de crisis humanitaria de incalculables consecuencias.
Por las razones expuestas, el Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos resuelve:
- Instar al Presidente de la República para que en ejercicio de sus competencias constitucionales objete completamente el CAPÍTULO, relativo a las MEDIDAS PARA APOYAR LA SOSTENIBILIDAD DEL EMPLEO del Proyecto de Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Provocada por el COVID-19, por contener normas que afectan estándares de derechos laborales consagrados en la Constitución de la República, Convenios Internacionales y pronunciamientos de la Organización Internacional del Trabajo.
- Requerir al Presidente de la República que, ratifique la Disposición Interpretativa Única de la Ley Orgánica de Apoyo Humanitario para Combatir la Crisis Sanitaria Provocada por el COVID-19, que interpreta el numeral 6 del artículo 169 del Código del Trabajo.
- Acoger integralmente el exhorto dirigido por la Defensoría del Pueblo al Presidente de la República, mediante el Oficio Nro. DPE-DDP-2020-0252-O, del 25 de mayo de 2020, en el cual, pide la revisión exhaustiva de las normas aprobadas por la Asamblea Nacional, debido a que muchas de ellas son regresivas de derechos, podrían ser inconstitucionales y/o estar en contra de los convenios ratificados por el Ecuador ante la Organización Internacional del Trabajo; y en consecuencia, vete dicha normativa; así como derogue de manera urgente el Decreto Ejecutivo No. 1053; y por otra parte; se requiera al Directorio del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social para que presente al país los cálculos o estudios actuariales que sustenten la normativa aprobada, sin poner en riesgo la liquidez del IESS y el acceso a las coberturas prestacionales a las cuales tienen derecho las personas afiliadas y jubiladas del país.
- Solicitar al Gobierno Nacional y a la Asamblea Nacional garantizar el diálogo social que permita establecer acuerdos tripartitos entre empleadores, trabajadores y el Estado dirigidos a garantizar el empleo, los derechos laborales, la liquidez para las empresas, el trabajo autónomo y la reactivación productiva y solidaria; para cuyo efecto se deberá contar con el apoyo técnico de la OIT
- Demandar al Gobierno Nacional que de manera urgente se superen las inadecuadas condiciones de seguridad y salud en el trabajo en las diferentes entidades públicas y privadas y por otra parte se garantice una Renta Básica Emergente, como señala la CEPAL, para los trabajadores autónomos o informales quienes, impedidos en el ejercicio de sus actividades laborales, enfrentan una disyuntiva apocalíptica entre morir de hambre o exponerse al contagio en las calles.
- Requerir al Gobierno Nacional la necesidad de activar apoyo emergente para el sostenimiento de la nómina de las empresas a través de créditos de bajo interés, hasta superar la pandemia y reconocer al COVID-19 como enfermedad laboral sujeta a la ley de riesgos laborales, conforme los lineamientos de la OIT.
- Demandar a todas las instituciones públicas le entrega clara y completa de la información veraz, contextualizada y se transparente la misma de manera oportuna a fin de permitir la toma decisiones de política pública sobre un sustento real.
- Exigir al Gobierno Nacional se proceda con la restitución a los trabajadores despedidos del sector público, y de manera especial a aquellos del sector de la salud y el sector social, así como a las personas con discapacidad u otra condición de vulnerabilidad.
Atentamente:
As. Doris Solíz Carrión As. Tito Puanchir
Coordinadora Secretario
GRUPO PARLAMENTARIO DE DERECHOS HUMANOS
