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A 10 AÑOS, VÍCTIMAS DE VIOLACIÓN A DDHH NO ENCUENTRAN JUSTICIA. INFORME COMISIÓN DE LA VERDAD

Lunes, 08 de junio del 2020 - 20:27 Imprimir

                                                                                                                                                                                Quito, 08 de junio de 2020

A 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad, las víctimas de graves violaciones de derechos humanos no encuentran justicia

 

El Grupo Parlamentario por la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos de la Asamblea Nacional, al cumplirse 10 años de la entrega del Informe Final de la Comisión de la Verdad “Sin verdad no hay justicia”, en el cual, se registraron 459 víctimas de graves violaciones de derechos humanos relacionadas con privación ilegal de libertad, torturas, violencia sexual, desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales y atentado contra la vida, reprueba el accionar de los órganos de investigación y judicialización de los casos de graves violaciones a los derechos humanos, cuyos resultados han sido limitados y han dado lugar a que organismos del sistema internacional de derechos humanos observen al Estado ecuatoriano.

Debemos recordar que las violaciones de derechos humanos registradas en el Informe de la Comisión de la Verdad, conforme lo reporta la Defensoría del Pueblo da cuenta que el 68% fueron perpetradas durante el gobierno de León Febres Cordero y el resto ocurrieron entre los años 1993 y 2003 y la responsabilidad recayó en un 49,6% sobre oficiales y miembros de la Policía Nacional, el 28,3% en miembros de las Fuerzas Armadas, el 10% autoridades de gobierno, el 5,4% funcionarios judiciales y 5,9% a autoridades o agentes de estado extranjeros.

Es preciso mencionar que el 13 de diciembre de 2013, a través del Registro Oficial No. 143, se publicó la Ley para la Reparación de las Víctimas y Judicialización de Violaciones de Derechos Humanos;  la misma que determina que el Estado ecuatoriano reconoce su responsabilidad objetiva sobre las violaciones de los derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad y que las víctimas sufrieron vulneraciones injustificables contra su vida, libertad, integridad y dignidad por lo que debe garantizarse, a ellas y la sociedad ecuatoriana, sin dilaciones, el derecho al conocimiento de la verdad de los hechos, a la justicia, la reparación y la no repetición de los hechos ocurridos.

También es fundamental reconocer la histórica labor cumplida por la Institución Nacional de Derechos Humanos, que, a partir de la creación del Programa de Reparación, por vía administrativa, para las víctimas de violaciones de los derechos humanos ha atendido a más de 1045 víctimas, directas e indirectas, coordinando y gestionando con las instituciones del Estado; diversas medidas de reparación integral dispuestas en la Ley.

Sin embargo, es altamente preocupante que la Fiscalía General del Estado y la Función Judicial no han avanzado en las investigaciones y la sanción a los responsables por las violaciones a los derechos humanos registradas en el Informe de la Comisión de la Verdad, a tal punto que, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas, en abril de 2017 al emitir sus Observaciones al Ecuador afirma:

“(...) 9. (...) El Comité también toma nota de la información recibida acerca del estado en que se encuentran las investigaciones por desaparición forzada en los casos González y otros (caso Fybeca) y Vaca, Jarrín y Cajas, relativos a siete víctimas en total. No obstante, le preocupa que esos procedimientos aún no hayan concluido y que aún no se haya judicializado los casos relativos a las otras víctimas(...)

Por su parte, el Comité contra la Tortura, en sus observaciones finales al Ecuador emitidas en el año 2017 menciona:

“(...) 23. A pesar de las explicaciones dadas por la delegación del Estado parte respecto de los resultados obtenidos en la investigación y enjuiciamiento de graves violaciones de derechos

humanos, incluidos actos de tortura, ocurridas en el Ecuador entre 1984 y 2008, el Comité mantiene su preocupación por el lento avance de las investigaciones relativas a los casos de tortura, desaparición forzada y ejecuciones extrajudiciales documentados por la Comisión de la Verdad en su informe final, así como por el reducido número de procesos penales incoados hasta la fecha (...)”

Por lo mencionado, el Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de Derechos Humanos convencido que el esclarecimiento de la verdad, la investigación, juzgamiento y sanción de las personas responsables de las graves violaciones, la reparación integral a las víctimas y las reformas institucionales para prevenir la repetición de tales violaciones, son medidas interdependientes, complementarias e inaplazables, requiere:

  1. A la Fiscalía General del Estado y a la Función Judicial, para que, en cumplimiento de su mandato Constitucional y Legal de cuenta de su responsabilidad institucional de cara a las víctimas de las graves violaciones a los derechos humanos, e impulse las investigaciones respectivas, contribuya con la ubicación y sanción de los responsables, se garantice la justicia y se cumpla con las obligaciones internacionales demandadas por los organismos de supervisión en materia de derechos humanos;
  2. Al Gobierno Nacional para que, a través de la Secretaría de Derechos Humanos, en los casos en que haya lugar a indemnización por los daños materiales o inmateriales que se produjeron a consecuencia de las graves violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión de la Verdad, culmine dichos procedimientos;
  3. A la Defensoría del Pueblo para que inicie todas las acciones constitucionales y legales a su alcance en garantía de los derechos de las víctimas, e impulse los procesos de cooperación y coordinación interinstitucional dirigidos a garantizar la reparación integral;
  4. Al Pleno de la Asamblea Nacional para que disponga a la Comisión Especializada pertinente impulsar las acciones de fiscalización y control político en aras de garantizar el cumplimiento de la Ley y en consecuencia la reparación integral de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos.

Atentamente:

             As. Doris Solíz Carrión                                                    As. Tito Puanchir

                    Coordinadora                                                                       Secretario

 

GRUPO PARLAMENTARIO DE DERECHOS HUMANOS

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