Objetivo Concretar mecanismos de identificación, seguimiento y garantía de los derechos humanos en el Ecuador desde la Asamblea Nacional.
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PRONUNCIAMIENTO
Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos insta a la Administración de Justicia actuar con independencia e imparcialidad, respetar los derechos humanos y garantizar el debido proceso en los casos de orden político.
El Sistema judicial es esencial para la protección de los derechos humanos y libertades. Los jueces, juezas, tribunales y Cortes desempeñan una función fundamental para asegurar que las víctimas o potenciales víctimas de violación de derechos humanos, de delitos contra la personas o infracciones contra la administración pública sean protegidas, dispongan de un recurso efectivo y obtengan justicia y reparación; que los perpetradores de las violaciones de los derechos humanos, los sospechosos de haber cometido delitos tangan un juicio justo de acuerdo con las normas constitucionales, internacionales y legales.
El sistema judicial es un contrapeso esencial de las demás funciones del Estado y en particular del Gobierno; ante cuyas presiones debe asegurar que las leyes, los principios, reglas y derechos constitucionales y los estándares internacionales que prevén la independencia judicial se garanticen, especialmente en aquellas causas de tinte político que como menciona el Defensor del Pueblo, muestran expresiones de violencia política contra autoridades públicas que no son afines al Gobierno de turno y amenazan con un uso arbitrario y excesivo de la prisión preventiva.
La Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) ha señalado que “La garantía de los derechos implica la existencia de medios legales idóneos para la definición y protección de aquellos, con intervención de un órgano judicial competente, independiente e imparcial, cuya actuación se ajuste escrupulosamente a la ley, en la que se fijará, conforme a criterios de oportunidad, legitimidad y racionalidad”; asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) considera que “El derecho a un juicio justo constituye uno de los pilares fundamentales de una sociedad democrática.
Este derecho es una garantía básica del respeto de los demás derechos reconocidos en la Convención, debido a que representa un límite al abuso del poder por parte del Estado”; en consecuencia, la administración de justicia a través de jueces, juezas, tribunales y Cortes tienen el deber de aplicar la Ley, la Constitución y los instrumentos internacionales de derechos humanos; así como evitar la persecución política instrumentalizada muchas veces a través de los órganos de justicia.
Por lo mencionado el Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos, insta a la Administración de Justicia a actuar con independencia e imparcialidad, respetar los derechos humanos, garantizar el debido proceso y promover juicios justos evitando de manera firme la persecución judicial contra opositores políticos por causas ajenas al Estado de Derechos.
Dado en Quito, a los 7 días del mes de septiembre de 2020.
Doris Solíz Carrión Tito Puenchir
Coordinadora Secretario
GRUPO PARLAMENTARIO DE DERECHOS HUMANOS
