GRUPO PARLAMENTARIO DICE NO AL RECORTE PRESUPUESTARIO DE UNIVERSIDADES.

GRUPO PARLAMENTARIO DICE NO AL RECORTE PRESUPUESTARIO DE UNIVERSIDADES.

PRONUNCIAMIENTO

Hace diez días, la Corte Constitucional desestimó la acción de incumplimiento presentada por las Universidades, docentes, estudiantes y organizaciones sociales en contra del Ministerio de Finanzas, dentro de la causa No. 34-20-IS; en razón del recorte presupuestario de casi cien millones de dólares correspondientes a las universidades públicas; además, decidió revocar las medidas cautelares concedidas el pasado 12 de mayo de 2020, con la intención de que el Ministerio de Finanzas se abstuviera de modificar el presupuesto mencionado por efectos de la emergencia del COVID-19 y el Estado de Excepción.

La Corte Constitucional consideró que la actuación del Ministerio de Economía y Finanzas, sobre el presupuesto de las universidades públicas, se enmarca en sus competencias; además, afirmó que no cabe el análisis de constitucionalidad sobre el oficio circular del Viceministerio de Finanzas a través de una acción de incumplimiento.

El pasado 31 de agosto de 2020, el Pleno de la Corte Constitucional, dictó sentencia, en cinco causas vinculadas a la Educación en el país; relacionadas con el cierre del Programa de Bachillerato Internacional en el régimen Costa; el derecho a la educación en el nivel superior y las garantías de mejoramiento pedagógico y académico del personal docente de todos los niveles educativos; la asignación pendiente de pago a favor de las universidades privadas que reciben rentas estatales; y lo que denomina el supuesto incumplimiento de los dictámenes del estado de excepción por la circular del Viceministerio de Finanzas, en relación con la educación inicial, básica y media; y, en relación con la educación superior.

Las afectaciones que se han ocasionado y se ocasionarán al Sistema Nacional de Educación y al Sistema de Educación Superior se empiezan a expresar con la deserción y migración estudiantil del sector privado al público, el deterioro de las condiciones materiales de las instituciones y salariales de docentes y cuerpo administrativo; así como la baja en la calidad de la educación.

En tanto el Ejecutivo mantiene sus prioridades con el sector externo de la economía y los acreedores internacionales; en contrasentido a las recomendaciones de organismos como la CEPAL, Comisión Interamericana de Derechos Humanos y órganos del Sistema Universal de Protección de Derechos Humanos que demandan mayor inversión social y protección a los sectores vulnerables.

Por lo mencionado, el Grupo Parlamentario para la Promoción, Protección y Defensa de los Derechos Humanos demanda del Gobierno Nacional:

1. El establecimiento de un Plan Integral de Contingencia que enfrente el COVID-19, la deserción estudiantil y promueva la continuidad y reconstrucción del sistema educativo en todos los niveles en el contexto de la nueva normalidad.
2. Instar al Gobierno a respetar el Art. 26 de la Constitución donde se establece que, “La educación es un derecho de las personas a lo largo de su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir. Las personas, familias y la sociedad tienen el derecho y la responsabilidad de participar en el proceso educativo”.
3. Así como dar cumplimiento al Art. 348 de la carta magna que señala, “La educación pública será gratuita y el Estado la financiará de manera oportuna, regular y suficiente. La distribución de los recursos destinados a la educación se regirá por criterios de equidad social, poblacional y territorial… La falta de transferencia y recursos en las condiciones señaladas será sancionada con la destitución de la autoridad y de las servidoras y servidores públicos remisos de su obligación”. 
4. Exigimos al Ejecutivo que, acatando la norma Constitucional, disponga al ente rector del Sistema de Planificación y Sistema Nacional de Finanzas Públicas, SINFIP que se abstenga de dictar medidas presupuestarias y financieras que reduzcan recursos al Sistema de Educación Público del país que comprende la educación inicial, básica, bachillerato y educación superior,  en el marco de la nueva normalidad así como los proyectos especiales que se desarrollan en los entes rectores de los sistemas, para de esta manera asegurar el derecho a la educación de los sectores prioritarios.

A los diez días del mes de septiembre de 2020.

As. Doris Solíz Carrion                                                                                           As. Tito Puanchir

     Coordinadora                                                                                                                      Secretario

GRUPO PARLAMENTARIO DE DERECHOS HUMANOS