En la Comisión Permanente de Gobiernos Autónomos Descentralizados se esta tramitando el Proyecto de Ley de vivienda de interés social, para lo cual se ha invitado al ente Rector de Vivienda, a los representantes de AME, CONGOPE y organizaciones de la sociedad civil vinculadas al tema de vivienda, para recibir sus aportes y observaciones. Para el Asambleísta Diego García proponente de la ley es importante contar con la participación ciudadana y recoger el mayor número de aportes para contar con un proyecto integral, que de solución al déficit de vivienda en el país.
Con esta ley además se da cumplimiento a lo que establece la Constitución de 2008 que reconoce el derecho fundamental de las personas a una vivienda adecuada y digna con independencia de su situación económica y social. El proyecto de ley esta compuesto por 41 artículos, dos disposiciones generales, cuatro disposiciones transitorias y tres disposiciones reformatorias.
En esta ley se establecen las entidades públicas competentes en materia de vivienda, así como sus atribuciones específicas, con la finalidad de lograr una gestión en esta competencia de manera coordinada y articulada; se define los tipos de vivienda de interés social, sus condiciones mínimas para ser considerada adecuada y digna de acuerdo a los parámetros nacionales e internacionales. Además se contemplan los incentivos tanto para la construcción de vivienda como su mejoras, cuáles son sus beneficiarios, los requisitos para acceder a los programas de vivienda y las prohibiciones, también se establece un procedimiento abreviado para la autorización de los proyectos de vivienda de interés social, cuya principal función es brindar una mayor agilidad a su construcción. Además, para reforzar la responsabilidad, se crean sanciones para los constructores que incumplan sus obligaciones. Es importante señalar que este procedimiento abreviado no exime a los gobiernos autónomos descentralizados municipales de su competencia de control y sanción en el caso de encontrar inconsistencias o falencias en los diseños constructivos o en las viviendas ya terminadas. Se crea el Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, el cual permitirá a los beneficiarios encontrar de manera fácil y segura las ofertas de vivienda que cuenten con autorización de los distintos niveles del Estado.
La ley establece un nuevo contrato que permite que las personas que por sus ingresos económicos no sean sujetos de crédito, puedan acceder a una vivienda, bajo la modalidad de arrendamiento con opción de compra. En este contrato el beneficiario no adquiere la propiedad de manera inmediata, pero una vez cumplidos todos los pagos mensuales, tiene el derecho a exigir que se proceda a la suscripción del respectivo contrato de compraventa, también existen sanciones tanto para beneficiarios como promotores de vivienda que incumplan con las obligaciones establecidas en este proyecto de ley.
Es importante recalcar, que de esta normativa se desprende que el acceso a una vivienda puede ser tutelado por el Estado desde varios mecanismos, los cuales no se agotan con la construcción y transferencia de dominio de vivienda, sino que pueden adoptar otras modalidades como el acceso a albergues, alquiler de vivienda para personas de escasos recursos, incidir en el mercado inmobiliario para garantizar el acceso a vivienda de arriendo a precios justos, el derecho de superficie, entre otros. Todos estos mecanismos si bien muy diversos, se caracterizan por garantizar que independientemente del título (arrendamiento, usufructo, habitación, compraventa, adjudicación, etc) bajo el se encuentran habitando determinado inmueble, el Estado y la sociedad garanticen el uso pacífico y seguro del mismo.
Mediante esta normativa queda claro que una vivienda digna deberá garantizarse a través del acceso a varios servicios, cuya prestación es competencia de diferentes niveles de gobierno. Así lo relativo a salud, educación seguridad social, entre otros es del Gobierno Central, mientras que el transporte y la gestión ambiental es de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Provinciales y el deporte, cultura, agua potable es responsabilidad de los Gobiernos Autónomos Descentralizados municipales.
Asambleísta por la provincia de Imbabura | Integrante de la Comisión De Gobiernos Autónomos, Descentralización, Competencias y Organización Territorial |
