Se aprobó por unanimidad, con 120 votos a favor, el Proyecto de Ley Orgánica para Impulsar la Iniciativa Privada en la Generación de Energías, calificado como urgente en materia económica.
Los legisladores dieron paso a la iniciativa presentada por la Presidencia de la República, que pretende promover la inversión privada en el sector energético y así enfrentar la crisis que afecta al país.
Durante el debate, varios asambleístas manifestaron su apoyo a esta medida, reconociendo que los cambios no serán inmediatos, pero que abren el camino para una transición hacia energías limpias mediante la inversión privada.
La asambleísta Viviana Veloz expresó su preocupación por la situación económica de las familias ecuatorianas y denunció la falta de acción del Ministerio de Educación ante los problemas de los estudiantes de jornada nocturna y de maestría on line. Asimismo, criticó la calidad del servicio de telecomunicaciones y la falta de fiscalización de las barcazas contratadas para suplir la generación eléctrica. Según Veloz, el Parlamento tiene la responsabilidad de atender las necesidades de los ciudadanos y reiteró que este proyecto no es la solución a la crisis energética.
Valentina Centeno, ponente del informe, inició su intervención solidarizándose con las familias ecuatorianas afectadas por la crisis energética y económica, acentuada por la sequía. Destacó que esta normativa busca fomentar el uso de energías renovables, enfatizando la falta de inversión en generación energética desde 2020.
El legislador Blasco Luna calificó esta crisis como un "feriado energético" y coincidió en que la Ley no resolverá de manera inmediata los problemas actuales, sino que crea un marco jurídico para inversiones a largo plazo. Jorge Acaiturri agregó que el proyecto permitirá trabajar en el desarrollo del mercado privado para reducir la contaminación ambiental.
Por su parte, Katiuska Miranda expresó su escepticismo sobre la posibilidad de que la inversión privada solucione la crisis en el corto plazo. Pedro Velasco subrayó la importancia de la seguridad jurídica para atraer inversión extranjera, especialmente en las fronteras. Lucía Posso y Carmen Tiupul expresaron su preocupación, destacando que, aunque esta ley se aprueba, no resolverá de inmediato la crisis energética. Tiupul pidió que se evite caracterizar a la Asamblea como un ente desestabilizador y afirmó que no obstaculizarán temas que beneficien al país.
Nació en el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, el 14 de julio de 1966.
Es doctor en medicina veterinaria, zootecnista de profesión. Se dedica a la producción de banano, palma africana, ciclo corto, administración de una planta de secado de granos, agricultor por convicción desde muy temprana edad.
Filántropo y político preocupado siempre por las causas sociales, su misión de vida es servir a quienes más lo necesitan.
Ha sido concejal en dos períodos, luego vicealcalde de Buena Fe, llegando a ser vicepresidente de Consejo, alcalde del cantón San Jacinto de Buena Fe, desde el año 2014 hasta el 2022.
Ante la necesidad de ejecutar proyectos de ley en beneficio del sector agropecuario para el desarrollo de la provincia de Los Ríos y el país en general, se postuló como asambleísta provincial en el año 2023, obteniendo el triunfo con el apoyo popular expresado en las urnas, y desde el 17 de noviembre de 2023 desempeña su rol en la Asamblea Nacional del Ecuador para el período 2023 – 2025.
