En el primer debate del proyecto de Ley para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción, que tiene el carácter de urgente en materia económica, los legisladores centraron su discusión en la extinción de dominio de bienes como declaración de titularidad a favor del Estado, la lucha contra la corrupción, el cumplimiento de la Constitución, entre otros temas.
El informe de primer debate fue expuesto por la presidenta de la Comisión de Régimen Económico, Nathaly Farinango, quien manifestó que, según el Ministerio de Finanzas, existen 110 millones de dólares por retención de bienes por concepto de actos ilícitos.
Resaltó que, con la aprobación de esta ley, el Estado ahorraría 32 millones dólares en la contratación pública; y, al menos se recuperarían 170 millones de dólares de la riqueza de la actividad ilícita, equivalente al 10 % de los patrimonios ilícitos.
Además, detalló los ejes en materia de extinción de dominio: optimización de tiempos procesales; procedimiento y garantías; medidas cautelares; y, mejoras y destino del presupuesto. Entre tanto, en contratación pública resaltó los ejes de prevención y transparencia. Por último, las modificaciones relacionadas con el Estado y Seguridad, que incluye los temas de reforma en otros cuerpos legales, referente a las armas, explosivos o accesorios usados en delito flagrante o incautadas que pasarán a manos de la Policía Nacional o Fuerzas Armadas, según sus necesidades para el combate al crimen organizado.
En el debate participaron 32 asambleístas, quienes expusieron la necesidad urgente de luchar contra la corrupción en la administración pública, que la normativa se acople al dictamen de la Corte Constitucional, así como la oportunidad para afectar al “músculo económico” de las organizaciones delictivas, entre ellas del narcotráfico.
Asimismo, plantearon que la normativa respete el Estado de derechos y justicia que contempla la Constitución, la inclusión de la figura de encubrimiento solidario, el mejoramiento de la actual Ley de Extinción de Dominio, la necesidad de la institución autónoma que persiga a los bienes y no a las personas, la conveniencia o no de incluir el catálogo de delitos, los reportes a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE), sugerencias para la distribución de los recursos producto de la monetización de activos, entre otras observaciones.
La legisladora Viviana Veloz, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, en la conducción de la sesión, resaltó el amplio debate del proyecto urgente, cuyas observaciones se remitirán a la Comisión de Régimen Económico para el análisis previo a la elaboración del informe para el segundo debate.
Nació en el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, el 14 de julio de 1966.
Es doctor en medicina veterinaria, zootecnista de profesión. Se dedica a la producción de banano, palma africana, ciclo corto, administración de una planta de secado de granos, agricultor por convicción desde muy temprana edad.
Filántropo y político preocupado siempre por las causas sociales, su misión de vida es servir a quienes más lo necesitan.
Ha sido concejal en dos períodos, luego vicealcalde de Buena Fe, llegando a ser vicepresidente de Consejo, alcalde del cantón San Jacinto de Buena Fe, desde el año 2014 hasta el 2022.
Ante la necesidad de ejecutar proyectos de ley en beneficio del sector agropecuario para el desarrollo de la provincia de Los Ríos y el país en general, se postuló como asambleísta provincial en el año 2023, obteniendo el triunfo con el apoyo popular expresado en las urnas, y desde el 17 de noviembre de 2023 desempeña su rol en la Asamblea Nacional del Ecuador para el período 2023 – 2025.
