Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa

Proyecto de reformas a la Ley Orgánica de la Función Legislativa

Fernando Cedeño, presidente de la Comisión de Justicia y ponente del informe, subrayó que el pueblo ecuatoriano exige una institucionalidad sólida que pueda generar confianza de la ciudadanía para solucionar sus acuciantes problemas.

En este contexto, indicó que es necesario efectuar ajustes a los procedimientos legislativos, que se sintetizan en el proyecto por el cual se recogen varias iniciativas de los diferentes sectores representados en la Asamblea.

Se unificaron 26 proyectos de ley que están contenidos en 64 artículos, previstos en el proyecto que se somete a conocimiento de los legisladores. El texto está divido en cuatro bloques, relacionados con las atribuciones del Pleno; la facultad de destituir al presidente, los dos vicepresidentes y los cuatro vocales del Consejo de Administración Legislativa, especificando las causales y la mayoría requerida para tales decisiones; la determinación de las acciones que se deben tomar para el caso de la desafiliación de los asambleístas de sus respectivos partidos que los auspiciaron; y, la inclusión de artículos para garantizar las investigaciones que realizan las comisiones especializadas permanentes y ocasionales.

Las reformas pretenden subsanar inconsistencias y contradicciones del texto vigente, por ejemplo, en lo referente a los plazos para la presentación de mociones sobre cambios en el orden del día.

También se refuerzan disposiciones relacionadas con los deberes éticos, cuyo incumplimiento implicará sanciones, con salvaguarda del debido proceso. Los ajustes propuestos abonan al mejoramiento de la credibilidad de la Asamblea Nacional y al fortalecimiento de la confianza de la ciudadanía en sus representantes.

En el debate, en el cual participaron 19 asambleístas, se mencionó la necesidad de contar con herramientas efectivas para enrumbar la tarea legislativa y de fiscalización hacia el fortalecimiento de la institucionalidad del país, así como de garantizar que se puedan cumplir con los planes de trabajo propuestos por los candidatos a la Asamblea Nacional.

Igualmente, se cuestionó la intención de incluir como causal de destitución de un legislador por desafiliarse del partido con el cual fue electo, norma que fue considerada inconstitucional porque la afiliación a una organización política y la desafiliación son actos estrictamente voluntarios. El proyecto otorga a la Asamblea normas claras que permitirán desarrollar sus actividades sin obstáculos, de manera que los ciudadanos se beneficien en el diario ejercicio de sus derechos. Las reformas enfatizan en la necesidad de construir un Estado intercultural, en el cual los idiomas oficiales de relación intercultural y todas las lenguas de los pueblos y nacionalidades indígenas no aparezcan subordinadas al castellano, sino que adquieran centralidad en el debate parlamentario.

Al cierre del debate, el segundo vicepresidente de la Asamblea Eckenner Recalde dispuso que el proyecto regrese a la Comisión de Justicia, a fin de que procese las observaciones formuladas en el Pleno, como parte de la construcción del informe para segundo debate.