Por unanimidad, con 121 votos afirmativos, aprobamos el proyecto de Ley de Prevención, Detección y Combate del Delito de Lavado de Activos y de la Financiación de Otros Delitos, que crea el Consejo Nacional de Coordinación contra el Lavado de Activos y sus Delitos Precedentes, la Financiación del Terrorismo y de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CONCLAFT), que coordinará la lucha antilavalado.
El presidente del Parlamento, Henry Kronfle destacó que se trata de la ley N.° 24 en la actual administración, la que recibió el voto unánime de los asambleístas presentes.
La legisladora Nathaly Farinango, ponente del informe, dijo que de acuerdo con el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, en el Ecuador, el delito de lavado de activos representa del 2 al 5 % del PIB. Además, explicó que la normativa establece nuevas definiciones relacionadas con el delito; crea el CONCLAFT; fortalece a la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE); crea las unidades complementarias antilavado; cambia la forma de designación del director de la UAFE; establece medidas de prevención y listado de los sujetos obligados tanto financieros como no financieros, entre otros aspectos.
En el debate, Cristhian Vega mencionó que es una ley para quitar el financiamiento a los grupos delictivos. Patricio Cisneros recordó que uno de los aspectos que más agobia a la sociedad ecuatoriana es la delincuencia, a la que se debe combatir con la nueva Ley. María Erbs precisó los avances normativos y la posibilidad de un trabajo articulado para la prevención del lavado de activos. José Vallejo manifestó que en el año anterior se detectaron 1.500 millones de dólares en operaciones sospechosas, además desde 2016 a 2020 apenas existieron 12 sentencias por este delito.
Otros legisladores abordaron sobre el movimiento económico criminal y la afectación a los Estados; los esfuerzos del Grupo de Acción Financiera Latinoamericana conocido como GAFILAT, la preocupación por el lavado de 3.500 millones de dólares anuales en Ecuador, en parte proveniente del narcotráfico; necesidad de presupuesto del Ejecutivo para la implementación normativa; fortalecimiento de la UAFE, como instancia independiente en su labor; la fuga de 810 millones de dólares a través de la minería ilegal en 2022; límites a la circulación del dinero ilegal; y, alineación a las recomendaciones del GAFI.
En cuanto a nuevas observaciones, Lucía Posso propuso la implementación de un Sistema Integrado de Coordinación, en materia de prevención del delito de lavado de activos y de la financiación de otros delitos; y, Katiuska Miranda sugirió que se evite la superposición de actividades, con referencia a las atribuciones de las entidades que constan en los artículos 5, 8 y 17 del proyecto.
La nueva normativa, que derogará la vigente desde 2016, contiene 94 artículos, 4 disposiciones generales, 5 transitorias, 5 reformatorias, 1 derogatoria y 1 final.
Nació en el cantón Buena Fe de la provincia de Los Ríos, el 14 de julio de 1966.
Es doctor en medicina veterinaria, zootecnista de profesión. Se dedica a la producción de banano, palma africana, ciclo corto, administración de una planta de secado de granos, agricultor por convicción desde muy temprana edad.
Filántropo y político preocupado siempre por las causas sociales, su misión de vida es servir a quienes más lo necesitan.
Ha sido concejal en dos períodos, luego vicealcalde de Buena Fe, llegando a ser vicepresidente de Consejo, alcalde del cantón San Jacinto de Buena Fe, desde el año 2014 hasta el 2022.
Ante la necesidad de ejecutar proyectos de ley en beneficio del sector agropecuario para el desarrollo de la provincia de Los Ríos y el país en general, se postuló como asambleísta provincial en el año 2023, obteniendo el triunfo con el apoyo popular expresado en las urnas, y desde el 17 de noviembre de 2023 desempeña su rol en la Asamblea Nacional del Ecuador para el período 2023 – 2025.
