En el marco del debate del Convenio de Minamata, la Comisión de Soberanía y Relaciones Internacionales, presidida por el asambleísta Fernando Bustamante, centró su atención y preocupación en la contaminación de las aguas de ciertos ríos y playas como consecuencia de la presencia de mercurio.
En esta ocasión, el organismo receptó los criterios de los ministerios de Agricultura, de Salud Pública, de Electricidad y Energía Renovable y de la Agencia de Regulación de la Electricidad.
Yamil Ramón, viceministro de Desarrollo Rural del Magap, explicó que la entidad tiene la facultad de inspeccionar las condiciones de higiene de los establecimientos que manipulan o procesan los productos acuícolas y pesqueros respecto de la exportación (comestibles e insumos que intervienen en la actividad), tras reconocer que falta determinar competencias específicas sobre la situación de productos de consumo nacional en los mercados locales.
Luz María Martínez, directora de Control Sanitario del Ministerio de Salud, sostuvo que el límite de responsabilidad se refiere a productos alimenticios cuando estos son procesados, es decir, cuando un producto entra a un proceso ya sea mecánico, físico o químico, lo que es controlado por la institución, que debe tener un empaque y pasar el registro sanitario. El control lo hacemos a través de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, argumentó.
Sugirió definir un Plan Piloto que revise la concurrencia de competencias de los ministerios inmersos en la temática y permita escoger a uno de los ríos más contaminados, a fin de determinar las causas, posibles errores administrativos y, lo que es más, verificar dónde se rompe la cadena de control para que los productos no sean contaminados y no lleguen al consumo de la población.
Fernando Bustamante consideró que es indispensable establecer parámetros de control efectivos de productos, especialmente, peces y mariscos, de consumo interno que se expenden libremente en las playas y que debido a la contaminación con mercurio pueden convertirse en un peligro para la salud y la vida de los ciudadanos.
La asambleísta María Augusta Calle, vicepresidenta de la Comisión de Relaciones Internacionales, alertó que las aguas de determinados ríos de la provincia de El Oro sufren grave contaminación y que han generado ya deformaciones genéticas.
Ambos parlamentarios coincidieron que en el Convenio Minamata, previo a su ratificación, se podría sugerir una cláusula que fije el cumplimiento de pasos y plazos para eliminar el mercurio, así como mayor control para evitar localmente la contaminación de la riqueza marina.
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