Desde 1830, cuando el Ecuador se organizó como República soberana e independiente, las Constituciones han consagrado la obligación de promover y fomentar la educación pública. Desde la segunda mitad del siglo XX, la educación pasó a ser el deber primordial del Estado, por lo tanto, también, el garante del derecho a la educación laica y gratuita en todos sus niveles. Hoy la Constitución manifiesta que el sistema de educación superior tiene como finalidad la formación académica y la construcción de soluciones para los problemas del país, entre otros. Para lo cual, el Estado garantiza el financiamiento de las instituciones públicas de educación superior. Sin embargo, las brechas de acceso a la educación durante la época republicana, nos dice que los postulados de la garantía del derecho a la educación no se han aplicado conforme estipulaba nuestra carta magna. Recordemos que hasta mediados del siglo XX, casi todas las personas pertenecientes a pueblos indígenas, afroecuatrorianos, montubios y personas de estratos sociales pobres, no sabían leer y escribir, privando del derecho a ser reconocidas como ciudadanas y ciudadanos del Ecuador, ya que uno de los requisitos para ser ciudadano era saber leer y escribir, a parte de otros, como tener un arte u oficio, requisitos ligados a la educación. En la actualidad, esas brechas aún persisten, según la Senescyt en el año 2019, 311.654 personas solicitaron un cupo para acceder a la educación superior, mientras que el sistema ofertó 178.846 cupos; es decir, que 4 de cada 10 personas se quedaron fuera de la educación superior. Según la misma Senescyt, desde el II semestre del 2012 hasta el II semestre del 2019, 2’241.732 jóvenes bachilleres demandaron un cupo para el acceso a la educación superior a nivel nacional, de estos se asignó un cupo para 1’197.451 estudiantes durante el periodo 2012-2019. Mientras que 1’044,281 no accedieron a la educación superior. Otro de los problemas que afronta la educación, sobre todo en el nivel primario y básico, es la calidad educativa, que viene ligada a problemas de exclusión, pobreza y la falta de profesionalización de los docentes, según el Diario el Telégrafo del 2 de enero de 2019, “de los 170.000 educadores que existen en Ecuador, 7.836 son solo bachilleres, cuya mayoría están ubicados en las zonas fronterizas”, a estas alturas saber que en nuestras escuelas aún tenemos cerca de 8 mil docentes bachilleres, quiere decir, que no todos los ecuatorianos tienen y gozan de los derechos a la educación de calidad que garantiza la Constitución de la República. En ese contexto, la Universidad Nacional de Educación (UNAE), suscribió convenios de cooperación con el Ministerio de Educación y la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazónica, para ejecutar el programa de profesionalización, no obstante, la UNAE, mediante RESOLUCIÓN-SE-002-No.-017-CG-UNAE-R-2020, de 26 de marzo de 2020, suspendió la ejecución de los Convenios de Cooperación, por falta de recursos. Decisión que afecta a 2,900 estudiantes, todos ellos docentes que se encontraban cursando el programa de profesionalización. Señoras y señores Asambleístas, los problemas de profesionalización y las brechas de acceso a la educción, sin duda van a empeorar con la decisión del Gobierno Nacional, de recortar los 98 millones de dólares de las cuentas de las Universidades y Escuelas Politécnicas, a un presupuesto ya recortado, porque recordemos que ya en el 2019 se redujo 90 millones de dólares y en este año 2020, 37 millones de dólares; de igual forma va a afectar a la educación general con el recorte de más de 300 millones de dólares. La medida del gobierno es un duro golpe al derecho a la educación, y transgrede norma constitucional expresa, ya que el Art. 165, manifiesta que en el estado de excepción el Presidente de la República únicamente podrá suspender o limitar el ejercicio del derecho a la inviolabilidad de domicilio, inviolabilidad de correspondencia, libertad de tránsito, libertad de asociación y reunión, y libertad de información, en los términos que señala la Constitución; y que puede utilizar los fondos públicos destinados a otros fines, excepto los correspondientes a salud y educación; Y el artículo 355 de la norma fundamental expresamente señala que la Función Ejecutiva no podrá privar de sus rentas o asignaciones presupuestarias, o retardar las transferencias a ninguna institución del sistema de educación superior. En este contexto, ante el clamor de los estudiantes, profesores, autoridades de las Universidades y Escuelas politécnicas y de la ciudadanía en general, he solicitado el cambio del orden del día, para que ésta Asamblea, resuelva: Exigir al gobierno nacional la restitución de los USD 98ꞌ210.190,78 del presupuesto recortado a las universidades y escuelas politécnicas públicas del país, por contravenir el artículo 165, numeral 2 de la Constitución de la República; Exigir al Gobierno Nacional la restitución inmediata de los USD 300 millones recortados al presupuesto del área de educación general, recursos que estaban destinados a programas educativos para los sectores más pobres del país; Rechazar el proceso de desvinculación de docentes de educación general, que agrava el problema de profesionalización y déficit de la calidad educativa pública del país; y, Exigir al Ministerio de Educación y a la Secretaría Técnica de la Circunscripción Territorial Especial Amazonas, que asignen los recursos comprometidos bajo convenios de cooperación suscritos con la UNAE para el programa de profesionalización.
Asambleísta por la provincia de Cañar |Integrante de la Comisión De Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral | Movimiento Político Pachakutik Visita mi Perfil
