El Consejo de Administración Legislativa (CAL), con el voto unánime de los seis presentes, dispuso el retorno a la presencialidad al 100% de los legisladores, sus equipos de trabajo y servidores de la Asamblea Nacional, a partir del martes 22 de febrero de 2022. La resolución incluye el cumplimiento estricto de las medidas de bioseguridad y prevé un retorno progresivo del personal con vulnerabilidad.
Así mismo, el CAL calificó cuatro iniciativas legales: el proyecto de Ley de Salud Mental, propuesta por Eduardo González, que será tramitado por la Comisión del Derecho a la Salud; reformas al Código Orgánico de Organización Territorial y Descentralización, de autoría de Amada Ortiz; proyecto de Ley Orgánica del Sistema Público Nacional de Registro de la Propiedad, planteada por Ricardo Ulcuango, los cuales serán dirigidos a la Comisión de Gobiernos Autónomos.
Igualmente, las reformas a diversos cuerpos legales para el Fortalecimiento, Protección, Impulso y Promoción de las Organizaciones de la Economía Popular y Solidaria, Artesanos, Pequeños Productores, Microempresas y Emprendimientos, de iniciativa de Carlos Zambrano, que será tramitado por la Comisión del Desarrollo Económico.
En esta sesión, los miembros del CAL también conocieron los pedidos de los asambleístas Lenin Mera, Rodrigo Fajardo, Salvador Quishpe, María Fernanda Astudillo y Daniel Barrreto, para activar lo establecido en el artículo 75, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa (LOFL), por lo cual dispuso que los pedidos de información de Lenin Mera al Ministerio de Transporte y Obras Públicas y de Salvador Quishpe al Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica pasen a conocimiento y trámite en la Comisión de Biodiversidad.
En torno a los requerimientos de información del asambleísta Rodrigo Fajardo al Ministerio de Transporte y Obras Públicas; de María Fernanda Astudillo al Servicio de Rentas Internas (SRI); y de Lenin Barreto a la Gobernación de Manabí, serán remitidos a las comisiones de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social; de Régimen Económico; y, de Gobiernos Autónomos, respectivamente.
Guadalupe Llori, quien es la cuarta mujer en asumir la Presidencia de la Asamblea, es abogada de los tribunales y juzgados de la República. Inició su vida política en el 2000, cuando accedió a la alcaldía de Puerto Francisco de Orellana, capital de la provincia de Orellana, por el movimiento Pachakutik. Su gestión estuvo centrada, principalmente, en mejorar el área de salud. Cuatro años más tarde, fue electa prefecta de su provincia. Posteriormente, fue reelecta para dos periodos.
