La Asamblea Nacional aprobó la iniciativa para garantizar que los dineros de Alcaldías, Prefecturas y Juntas Parroquiales sean acreditados de manera directa, oportuna y completa por parte del Gobierno Central.
Con 106 votos a favor, los GAD podrán garantizar obras y servicios públicos para la ciudadanía. La Constitución del Ecuador, desde 2008, nos ha guiado hacia un modelo de estado descentralizado, que busca poner el poder y los recursos lo más cerca posible de los ciudadanos, en sus localidades. El artículo 238 de la Constitución garantiza autonomía política, administrativa y financiera a los gobiernos autónomos descentralizados. No obstante, esta autonomía financiera solo puede ser real y efectiva si se acompaña de un mecanismo que asegure la transferencia directa, oportuna, y automática de los recursos que legalmente les corresponden. La falta de previsibilidad y las demoras en estas transferencias no solo incumplen con nuestra Carta Magna, sino que frenan el desarrollo local y afectan la calidad de vida de nuestros ciudadanos.
Estas reformas son fundamentales no solo para cumplir con nuestra Constitución, sino para mejorar la calidad de vida de nuestros ciudadanos al garantizar que los proyectos locales no se paralicen por la ineficiencia en la distribución de recursos. La autonomía financiera es un derecho consagrado que debe ser defendido y garantizado.
El Observatorio de la Política Fiscal, con corte a abril de 2024, ha informado que el Estado adeuda USD 800 millones a los municipios y $ 571 millones a prefecturas. La falta de pago puntual a nuestros gobiernos autónomos descentralizados no permite la implementación efectiva de proyectos de infraestructura pública en nuestras comunidades, y tampoco asegura la provisión continua de servicios básicos que todos merecemos, afectando directamente al bienestar y al progreso de nuestra región.
Licenciada en ciencias de la Educación especialización lengua y literatura. Magister en Planificación, evaluación de la Educación Superior otorgado por la Universidad Tecnológica América.
Desempeñó funciones como directora ejecutiva del Patronato de Amparo Social y como docente en la Unidad Educativa Tufiño.
Nacida en la ciudad de Tulcán hace 46 años, se convierte en la primera mujer Asambleísta por la provincia del Carchi.
Su liderazgo ha llevado en este periodo legislativo a ostentar la vicepresidencia de la comisión de Transparencia, Participación Ciudadana y Control Social.
Uno de sus objetivos es impulsar y fortalecer los procesos legislativos y de fiscalización en la Asamblea Nacional, en el marco de las atribuciones determinadas por la Constitución de la República y la Ley Orgánica de la Función Legislativa; con el propósito de generar prosperidad para la provincia del Carchi y el Ecuador.
