La asambleísta Esther Cuesta presentó un proyecto de Ley de Cooperación del Estado ecuatoriano con la Corte Penal Internacional, para garantizar la investigación, enjuiciamiento y entrega de personas que hayan cometido crímenes graves contra la humanidad como el genocidio, desaparición forzada, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
La legisladora afirmó que con este proyecto de ley víctimas de feminicidio y desaparición forzada, como es el caso de María Belén Bernal, podrán contar con mecanismos claros para acudir directamente a la Corte Penal Internacional y buscar justicia y reparación por ser un órgano con jurisdicción complementaria.
El objetivo de la cooperación entre el Estado y la Corte Penal Internacional es contribuir en la lucha contra la impunidad, sobre todo respecto de los crímenes atroces como las desapariciones forzosas, torturas y otros delitos graves cometidos como parte de una política estatal de represión, tal como ocurrió durante las protestas sociales de octubre de 2019.
La Corte Penal Internacional es un tribunal permanente, con vocación universal, con sede en La Haya, creado por medio del Estatuto de Roma adoptado el 17 de julio de 1998, y con competencia para juzgar a los individuos presuntamente responsables de haber cometido los crímenes más graves contra la humanidad como genocidio, crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
El Estatuto de Roma fue aprobado por 160 países en el marco de la Asamblea General de Naciones Unidas, el 17 de julio de 1998. Ecuador suscribió el 7 de octubre de 1998. Este compromiso implica tipificar el genocidio y los delitos de lesa humanidad y establecer los procedimientos y mecanismos de cooperación del Ecuador con la Corte Penal Internacional.
La asambleísta Cuesta manifestó que el Ministerio de Relaciones Exteriores, la Corte Nacional de Justicia, Fiscalía General del Estado y otras instituciones públicas tendrán los mecanismos claros para facilitar la detención y entrega de responsables de estos delitos internacionales, podrán realizar diligencias, obtener pruebas, brindar testimonios y realizar todo acto que permita el adecuado juzgamiento de las personas que cometen estos crímenes.
Esther Cuesta Santana es legisladora ecuatoriana desde 2017 por la circunscripción del Exterior, por Europa, Asia y Oceanía. Reelegida en 2021, actualmente es miembro de la Comisión Especializada Permanente de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes de la Asamblea Nacional del Ecuador y presidenta del Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas en Movilidad Humana. Además, es presidenta del Grupo Nacional Ecuador de Parlamentarios para la Acción Global (PGA).
Ha sido presidenta y vicepresidenta de la Comisión Especializada Permanente de Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional de Ecuador.
Fue Viceministra de movilidad humana del Ministerio de Relaciones Exteriores del Ecuador. Se desempeñó como Cónsul General del Ecuador en Génova, Italia desde 2009 hasta 2016. Tiene un Ph.D. en Literatura Comparada con Especialización en Estudios Feministas y Latinoamericanos de la Universidad de Massachussets Amherst.
Ha presentado varios proyectos de reformas de leyes y observaciones, entre ellos: proyectos para reformar la Ley Orgánica de Movilidad Humana y el Código de la Democracia, que propuso el voto electrónico en el exterior, el cual se implementará en 50 zonas electorales en el exterior en las próximas elecciones ecuatorianas de febrero 2023.
Además, ha presentado un Proyecto de Ley para reformar la Ley de Cultura, para que la comunidad migrante ecuatoriana cuente con núcleos de la Casa de la Cultura Ecuatoriana en diferentes ciudades del mundo y se promueva y difunda la diversidad cultural ecuatoriana en el exterior.
Su trabajo legislativo se centra en la defensa de los derechos de los ecuatorianos dentro y fuera del país.
