El secretario Ministerial de la Defensoría del Pueblo, Manuel Solano Moreno y la coordinadora de Gestión de la Defensoría Pública, Rosy Jiménez, acudieron al Grupo Parlamentario por los Derechos de las Personas de Movilidad Humana a presentar la información sobre las acciones adoptadas en cumplimiento de la Ley de Movilidad Humana.
La presidenta del Grupo Parlamentario, Esther Cuesta recalcó la importancia de realizar una evaluación periódica de las gestiones que realizan estas instancias públicas, a fin de tener una información real y certera sobre la atención que reciben los migrantes ecuatorianos, para la solución de conflictos y necesidades que los compatriotas afrontan en el exterior.
Entre las principales preocupaciones que motivaron al Grupo Parlamentario para la convocatoria, está el tema del presupuesto y su distribución tanto para la contratación de personal y el mantenimiento de los espacios físicos en diferentes partes del mundo, considerando que desde 2019, las delegaciones defensoriales en el exterior fueron suprimidas por falta de recursos económicos.
Manuel Solano informó que a pesar de la falta de recursos económicos la Defensoría del Pueblo cumple el artículo 163 de la Ley de Movilidad Humana, en cuanto a la obligación de cooperar y velar por los derechos de los ecuatorianos en el extranjero.
Sin embargo, admitió que la falta de recursos económicos no permite brindar la atención adecuada, a pesar de trabajar de manera coordinada con los consulados del país y las defensorías públicas de países como Colombia, Panamá y Perú. Solano añadió que han insistido al Ministerio de Finanzas para que se considere dentro del presupuesto los recursos necesarios para retomar la presencia de delegaciones defensoriales en el exterior.
El representante de la Defensoría del Pueblo presentó un desglose detallado de recursos asignados desde 2017, que evidenció una ínfima asignación que no facilita una presencia total de esta institución. Por tal motivo, solicitó al Grupo Parlamentario el apoyo para exigir al Ministerio de Finanzas la mejora del presupuesto, ya que es un derecho amparado por la Constitución.
La representante de la Defensoría Pública, Rosy Jiménez manifestó que la institución cumple con la ley en lo que se refiere al acceso a la justicia de las personas en movilidad humana. En este aspecto, dijo, se trabaja conjuntamente con la Policía Migratoria, y, por medio de su unidad móvil, han llegado a atender a 3 mil migrantes. Otro servicio es la línea de atención virtual denominada “Juicio Lejos de Casa”, donde se receptan datos e información del caso del migrante.
Desde 2017 al 2022, la Defensoría Pública ha atendido 20 mil casos entre asesorías y patrocinios, 361 niños no acompañados, además de las condiciones de refugio y de regularización migratoria, añadió.
Adicionalmente, la Defensoría Pública presentó algunas sugerencias para considerarse en posibles reformas a la Ley de Movilidad Humana, entre ellas, la prescripción de multas migratorias, mecanismos de regularización para familias con miembros ecuatorianos o miembros residentes en el país, mejoras en visados y cedulación de personas extranjeras.
- Asambleísta de la Revolución Ciudadana por Europa, Asia y Oceanía.
- Primera Vocal del Consejo de Administración Legislativa.
- Miembro de la Comisión de Protección Integral a Niños, Niñas y Adolescentes.
- Miembro del Comité Ejecutivo de Parlamentarios para la Acción Global (PGA).
- Licenciatura en Literatura Hispanoamericana y Estudios Italianos de la Universidad de Massachusetts Amherst, EE.UU.
- Maestría en Literatura Comparada de la Universidad de Massachusetts Amherst.
- Doctorado en Literatura Comparada de la Universidad de Massachusetts Amherst.
