La Comisión de Fiscalización aprobó informe sobre comercialización internacional de crudo que establece perjuicios al Estado por USD 4.771 millones.
Con cuatro votos a favor, cuatro en contra, una abstención y el voto dirimente del presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea Nacional, Fernando Villavicencio, la mesa legislativa aprobó el informe “Petrochina: deuda pública y comercialización de petróleo”, sobre la comercialización internacional de crudo ecuatoriano con las empresas asiáticas Petrochina International, Unipec y PTT International.
La investigación establece, entre sus principales conclusiones, que Ecuador dejó de percibir USD 4.771 millones por la aplicación de las fórmulas y condiciones establecidas en los contratos suscritos con las mencionadas compañías. Esta cifra resulta de multiplicar el valor promedio de pérdida, establecido en USD 3,60 por los 1.325 millones de barriles
comprometidos. Los legisladores Pedro Velasco, Bruno Segovia, Juan Carlos Troya (alterno de Marco Troya) y Fernando Villavicencio votaron a favor del informe, mientras que María Gabriela Molina, Comps Córdova, Heinz Linares (alterno de Ana Belén Cordero) y Blanca López (alterna de Roberto Cuero) votaron en contra. La legisladora Soledad Diab se abstuvo. La decisión final quedó en manos del asambleísta Villavicencio. El informe concluye, además, que en las negociaciones petroleras hubo: incumplimiento de la Ley, vulneración de los contratos y las alianzas estratégicas, además de sobornos.
Solo en 2021, Petroecuador estableció que dejó de percibir $3,69 dólares por barril de crudo Oriente y $3,61 dólares por barril de crudo Napo, por entregar el crudo bajo las condiciones de precio impuestas por las empresas asiáticas. Entre los años 2009 y 2016, Ecuador recibió créditos por USD 18.470 millones, con intereses de hasta el 7,37%, más cargos por costos financieros, respaldados con la entrega de petróleo a largo plazo.
La investigación, liderada por Villavicencio, establece que los contratos fueron suscritos bajo convenios de Alianzas Estratégicas, que tenían como objetivo la cooperación, el beneficio mutuo entre naciones y la eliminación de las intermediarias petroleras. El informe señala que la política petrolera del ex presidente Rafael Correa, que prometía la eliminación de la reventa del crudo, no cumplió su cometido, pues el petróleo consignado a las compañías asiáticas, terminó, en manos de compañías como Taurus Petroleum, Castor Petroleum, Core Petroleum y Gunvor quienes lo revendieron a precios superiores en mercados de Panamá, Perú, Chile y Estados Unidos, y de bancos europeos como ING, sucursal Ginebra, Natixis de París, Credit Agricole de Suiza y Société Générale de Francia. La participación de esos bancos, segúnla investigación, sugiere que “fueron esas instituciones las que financiaron las operaciones de las intermediarias”. Para el autor del informe,
Fernando Villavicencio, se tratan de “operaciones simuladas”, pues según el legislador “ Gunvor y sus filiales gestionaron con los bancos europeos la consecución de los créditos que finalmente fueron entregados al Ecuador a nombre de China y Tailandia”. El documento recalca que estos bancos han financiado el comercio de petróleo con $ 8.500 millones en la Amazonía ecuatoriana y que trabajan con Gunvor financiando sus operaciones de comercio hidrocarburífero en el mundo.
El informe señala que dos cláusulas impuestas en los contratos fueron claves para el negocio de la intermediación: el libre destino del crudo y la fórmula para calcular el precio final de cada barril. Con esto, las compañías asiáticas recibieron el crudo a precios menores a los del mercado y no fueron obligadas a llevarlo a sus refinerías; contrariando lo establecido en la legislación nacional que especificaba que, en negocios con compañías estatales, el petróleo debía ser llevado a sus refinerías.
La justicia de Estados Unidos investiga la trama de corrupción relacionada con los contratos adjudicados a las compañías asiáticas. En ese proceso, Raymond Kohut, exempleado de esa compañía, reconoció públicamente que pagó más de USD 70 millones a funcionarios y lobistas ecuatorianos para que dos empresas asiáticas se adjudicasen los contratos comerciales de hidrocarburos con Petroecuador, en condiciones muy favorables para las compañías. Con esto, Gunvor ayudó a obtener financiamiento por aproximadamente USD 5.400 millones en préstamos respaldados con petróleo, con miras a obtener y retener negocios en Petroecuador, según el informe, que también hace referencia a otro proceso penal en contra de Javier Aguilar, ex ejecutivo de la multinacional Vitol Inc., reconoció que pagó sobornos a funcionarios de Petroecuador para obtener un contrato de USD 300 millones para comprar fuel oil. Aguilar, según la acusación fiscal,pagaría USD 0,25 centavos en coimas por cada barril de fuel oil que hubiese obtenido. El contrato fue adjudicado por Petroecuador a la empresa Oman Trading International en diciembre de 2016. El informe también hace alusión a dos filtraciones masivas de documentos (Papeles de Panamá y FinCEN Files) compartidas por el Consorcio Internacional de Periodismo de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), que arrojaron más datos sobre la participación de las intermediarias en acuerdos con lobistas privados, en el negocio de reventa del crudo ecuatoriano.
Los Papeles de Panamá, revelaron que los empresarios ecuatorianos Enrique Cadena Marín y Jaime Baquerizo Escobar recibieron comisiones de USD 1 dólar por cada barril de crudo vendido a Petrochina, bajo el primer contrato de preventa de crudo (2009-433), por “ayudar” en la negociación. La filtración de FinCen files, por su parte, reveló que la intermediaria Core Petroleum pagó USD 10 millones a Enrique Cadena. En el país, según relata el informe, existe una investigación previa iniciada en 2017 por la Fiscalía General de Estado.
De esas pesquisas todavía no se conocen resultados. Por su parte, la Contraloría General del Estado ha señalado en varios exámenes especiales que el crudo fue comercializado en condiciones perjudiciales para el país, sobre todo por la cláusula que estableció la fórmula para el cálculo del precio del barril y su “libre destino”. El organismo de control determinó glosas por USD174,7 millones en contra de ex funcionarios de Petroecuador y las compañías asiáticas y emitió tres informes con indicios de responsabilidad penal, por entregar el crudo a precios por debajo de la cotización de mercado y firmar los contratos sin sustentos en informes técnicos.
El informe identifica a funcionarios, ex funcionarios, empresarios y compañía que son parte del caso. La investigación legislativa también se extendió a los negocios de Raymond Kohut, William Sudhaus, de Core Petroelum y Gunvor, en la Empresa Pública Flota Petrolera Ecuatoriana, donde Gunvor y Core Petroleum quienes, según el informe, acapararon los contratos para fletamento de buques y lideraron asociaciones comerciales con Flopec. El informe recomienda que la investigación se remita a los diferentes organismos de control para que en el marco de sus competencias realicen las investigaciones correspondientes.
Periodista, escritor y activista social.
Desde la investigación periodística he contribuido con información relevante para denunciar casos de corrupción en materia petrolera, minera, eléctrica, telecomunicación y de estructuras criminales que se han beneficiado de los recursos públicos a través de varias sectores y poderes que conforman el Estado.
