Asociación ilícita, cohecho y peculado, son los delitos imputados por la justicia ecuatoriana a Jorge Glas Espinel, en tres casos que implican sobornos, financiamiento irregular de campañas electorales y adjudicaciones irregulares de contratos estatales.
La liberación del exvicepresidente Jorge Glas Espinel causó revuelo en el escenario político del país. Glas, que cumplía una sentencia de 8 años de prisión por los casos Odebrecht y Sobornos, dejó el Centro de Privación de Libertad de Cotopaxi, en Latacunga, el pasado domingo, 10 de abril de 2022, después de que se ejecutara el habeas corpus concedido por el juez, Javier Moscoso, de la Unidad Judicial Multicompetente con sede en la parroquia Manglaralto del cantón Santa Elena, porque, aparentemente, existía un riesgo contra su integridad física y psicológica. La prisión fue cambiada por las medidas alternativas de presentación regular el primer lunes de cada mes y la prohibición de salida del país.
El sábado 9 de abril de 2022, el juez Moscoso conoció el recurso de habeas corpus presentado por Jorge Glas, horas más tarde la boleta de libertad -elaborada en la noche- que disponía la “inmediata liberación” fue enviada al director del Centro de Cotopaxi. Las sentencias ejecutadas de Jorge Glas se derivan de los casos Odebrecht y Sobornos 2012-2016. Por el primero, fue sentenciado por un Tribunal de la Corte Nacional de Justicia, en diciembre de 2017, a seis años de cárcel por el delito de asociación ilícita. Otras siete personas también fueron sentenciadas por esta trama, entre ellas Ricardo Rivera, tío del exvicepresidente Glas.
El caso Odebrecht se refiere a los sobornos por $33,5 millones, pagados por la constructora brasileña entre 2007 y 2016, a funcionarios del Gobierno de Rafael Correa, intermediarios y personas privadas, para obtener contratos equivalentes a unos $ 116 millones para construir obras en los sectores estratégicos. El escándalo explotó el 21 de diciembre del 2016 cuando el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló que Odebrecht hizo pagos ilegales por unos $ 439 millones de dólares en doce países, entre esos Ecuador. Jorge Glas, según la Fiscalía General del Estado, tuvo un papel principal en el entramado de corrupción, pues abusó de su alto cargo político para asociarse ilícitamente con José Conceição Dos Santos. Fue vinculado al caso por documentos que tenían relación con temas que manejaba como vicepresidente y como principal de los sectores estratégicos y que fueron hallados en computadoras y aparatos electrónicos de Rivera. “Glas articuló con José Conceição Dos Santos la concesión de contratos públicos a cambio de pagos”, actuó como “principal” del delito, dijo el juez
Édgar Flores, cuando leyó la sentencia condenatoria. Según el juez, Glas fue titular del Fondo de Solidaridad, ministro coordinador de Sectores Estratégicos y vicepresidente de la República, cargos desde los cuales estuvo al frente de contratos con proyectos emblemáticos que fueron adjudicados a Odebrecht. Por su parte, Ricardo Rivera, tío de Glas, según la Fiscalía ecuatoriana, actuó como intermediario desde 2011, entre el entonces ministro coordinador de Sectores Estratégicos, Jorge Glas, ante José Conceição Dos Santos, apoderado de Odebrecht, para solicitar sobornos, a cambio de adjudicar contratos de los sectores estratégicos.
En agosto de 2017, el diario O Globo de Brasil divulgó el testimonio de José Conceição dos Santos Filho, donde se aseguró que, entre 2012 y 2016, la multinacional habría entregado $ 14,1 millones al vicepresidente de la República, Jorge Glas. Conceição, presentó a los fiscales brasileños, las fechas de 15 pagos, totalizando $ 5,8 millones para una empresa indicada por Ricardo Rivera. En efectivo se habrían entregado al pariente de Glas $ 8,3 millones. Según Conceição los encuentros se iniciaron en 2011, cuando Glas era ministro coordinador de los Sectores Estratégicos hasta 2012, en que fue electo como vicepresidente. “Ricardo me informó que debería pagar, a favor del entonces ministro Jorge Glas, el porcentaje del 1%”, “en el momento de la adjudicación de cada contrato, ese porcentaje sufrió incrementos a pedido de Ricardo Rivera, habiendo sido pagados valores entre el 1% y el 1,3%”, dijo Conceição dos Santos, quien señaló que los sobornos pagados a los funcionarios (entre ellos Pólit y Ricardo Rivera, tío del expresidente Jorge Glas) eran para lograr contratos en cinco proyectos (Poliducto Pascuales-Cuenca, central Manduriacu, Refinería del Pacífico, Acueducto La Esperanza, y Trasvase Daule-Vinces). La Fiscalía ecuatoriana en su investigación logró establecer que por esos proyectos dos Santos pagó, al menos, $22,2 millones. En transferencias realizadas por Odebrecht a las empresas Columbia Management, Cilgory, Fernhead Holding Inc., Glory International, Dramiston Limited, Sentinel Mandate & Scrow Ltd., Belvedear Worlwide Company S.A., Sevilor Trading Corp., Alesbury Investment S.A., Emalcorp S.A., Stockwell Corporation Cv, Houston Energy Consulting Inc., Popa Worldwide Company y Joubert Corporation, Odebrecht pagó $43,6 millones, según la Fiscalía.
En diciembre de 2016, Luiz Antonio Mameri, el exejecutivo de Odebrecht, en su delación señaló que él autorizó los pagos a José Conceição Dos Santos en Ecuador.
Según la Fiscalía, las “cabezas” de la estructura ilegal de Odebrecht en Ecuador eran José Conceição, Jorge Glas y Carlos Pólit. Les seguía Ricardo Rivera. El dinero pagado en sobornos se obtenía, según el proceso fiscal, de los sobreprecios (llamados también “planificación fiscal”), en los contratos, que se entregaban a través del Departamento de Operaciones Estructuradas de la brasileña.
Por esta trama también fue procesado el excontralor Carlos Pólit Faggioni, sin embargo, tiene un llamamiento a juicio, debido a que permanece en Estados Unidos.
En otro proceso, por concusión, Pólit fue condenado en 2020 a seis años de prisión. La constructora brasileña pagó, según la Fiscalía General del Estado, 10.1 millones de dólares al excontralor, $ 6 millones para desvanecer glosas por daños en la hidroeléctrica San Francisco en 2010 y $ 4,1 millones para emitir informes favorables para cinco proyectos: Daule-Vinces, Manduriacu, Pascuales-Cuenca, Refinería del Pacífico y el Acueducto La Esperanza.
El caso de los pagos de sobornos de Odebrecht en Ecuador también es investigado por Estados Unidos. En marzo de este año, Carlos Pólit fue detenido por la justicia de ese país, acusado de usar el sistema financiero norteamericano para lavar y ocultar el dinero de los sobornos obtenidos en Ecuador, en una trama que involucra a exfuncionarios y empresarios privados, Según la Fiscalía norteamericana, desde 2010 hasta el 2017, los sobornos que Polit obtuvo en Ecuador “desaparecieron” mediante el uso de empresas de Florida registradas a nombre de ciertos asociados”. Esos fondos ilegales se habrían usado “para comprar y renovar bienes en el sur de Florida, para adquirir restaurantes, una tintorería y otros negocios”.
Por el caso Sobornos 2012-2016, que tuvo su antecedente en una investigación periodística denominada “Arroz Verde”, el vicepresidente Jorge Glas también fue condenado a ocho años de prisión por el delito de cohecho, en 2020. Con él, fueron sentenciados otras 19 personas, entre exfuncionarios de alto rango y empresarios. La Fiscalía General del Estado investigó una trama de financiación ilegal del partido Alianza PAIS a cambio de la obtención de contratos con el Estado, en la que determinó que, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa se montó una “estructura criminal” para recibir aportes ilegales, por parte de empresas como SK, Odebrecht, CONSERMIN, entre otras compañías. El tribunal de la Corte Nacional de Justicia dijo que el expresidente que Correa conocía de los aportes indebidos, que los pagos realizados eran reportados al nivel jerárquico superior, es decir a Rafael Correa y Jorge Glas.
Por el caso Singue, el exvicepresidente Jorge Glas también enfrenta una sentencia por peculado. El 25 de enero de 2021, fue condenado, junto a otros seis exfuncionarios, a ocho años de cárcel por la concesión del campo petrolero Singue. Según la Fiscalía General del Estado, los exfuncionarios dispusieron arbitrariamente de los recursos estatales, al adjudicar de forma irregular el contrato de exploración y explotación del campo marginal Singue, entregado al consorcio Dygoil Consultora y Servicios Petroleros Cía. Ltda. y a la firma Gente Oil Development LLC (DGC). Hubo irregularidades e incumplimientos de requisitos legales en la entrega de la operación del campo petrolero, a decir de la Fiscalía, esto generó un perjuicio al Estado, pues se fijó un precio de $ 33,5 por barril de petróleo menor al de la oferta inicial, al fijar este valor no se tomó en cuenta el 100 % de las reservas probadas de hidrocarburos en el mencionado campo.
Actualmente, la justicia trata el recurso de apelación interpuesto por los procesados. La audiencia está programada para el próximo 11 de mayo.
Periodista, escritor y activista social.
Desde la investigación periodística he contribuido con información relevante para denunciar casos de corrupción en materia petrolera, minera, eléctrica, telecomunicación y de estructuras criminales que se han beneficiado de los recursos públicos a través de varias sectores y poderes que conforman el Estado.
