Este martes, 26 de mayo de 2022, el asambleísta Fernando Villavicencio presentó una denuncia a la Fiscalía General del Estado sobre los videos difundidos por el portal Código Vidrio en los que aparece el exvicepresidente Jorge Glas y el exdirector de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), José Luis Cortázar, en una reunión, el 5 de febrero de 2014, en la Vicepresidencia de la República.
El legislador entregó tres videos íntegros de ese encuentro con su respectiva transcripción y más de 500 documentos que contienen toda la información relacionada con los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento de los campos Libertador-Atacapi, Shushufindi-Aguarico y Auca (Bloque 61), con ello, el legislador espera que la Fiscalía investigue y determine qué delitos cometieron las exautoridades del Gobierno de Rafael Correa en la negociación de los campos petroleros.
El periodista Arturo Torres, director del portal Código Vidrio, entregó al legislador tres videos titulados “GLAS Consorcio VICE1”, “Consorcio VICE2” y “Consorcio VICE4”, todos con fecha “2014.02.05”. El primer video (GLAS Consorcio VICE1) se refiere a las aparentes medidas ordenadas por Jorge Glas para ganar apoyo popular frente a las elecciones seccionales que estaban a menos de un mes. La disposición de Glas a José Luis Cortázar fue que subiera ilegalmente los cupos de venta de combustibles en las provincias de la frontera y eliminara las restricciones a la comercialización de explosivos para los mineros, “estoy pidiendo hasta que abran la venta hasta de explosivos para los mineros porque estoy perdiendo la Amazonía, estoy perdiendo en Sucumbíos, puedo perder la Prefectura; no verdad, nuestro alcalde que le daba 2 a 1 al contendor, ahora está a tres puntos de diferencia” (...) “ni la gente que hace campaña pudo poner gasolina, porque hay cupo, yo sé que es un tema... lo que te estamos pidiendo es que relajes por tres semanas”, se escucha decir a Jorge Glas en el video. Orden que, según la grabación, fue
acatada por Cortázar.
Para Villavicencio, el haber liberado los cupos para la venta de combustible abrió la posibilidad de que “estos productos, importados por el estado ecuatoriano se usen como materia prima para el procesamiento de cocaína y, por ende, se fortalezca el negocio del narcotráfico. No es descabellado suponer que la libre venta de explosivos podría haber fortalecido el contrabando y la minería ilegal en la Amazonía” señala. En las grabaciones, Cortázar y Glas hablan de los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento para el campo petrolero Shushufindi-Aguarico, suscrito con el Consorcio Shushufindi S.A., cuya accionista principal es la multinacional de servicios petroleros, Schlumberger. El exvicepresidente le advierte que no interfiera ni
exija cuentas a las petroleras privadas sin su conocimiento ni aprobación. Esto debido a que Cortázar meses antes había conformado una comisión técnica para evaluar y fijar las tarifas que recibiría el Gobierno por cada barril de petróleo extraído de los campos petroleros Shushufindi-Aguarico y Libertador-Atacapi. “Mi mayor aspiración es que mis técnicos estén equivocados”, dice Cortázar en la grabación, en referencia a la conclusión de su propio equipo que estableció que las tarifas fijadas en Shushufindi y Libertador perjudicaban al país.
José Luis Cortázar buscaba saber cómo se obtuvo la curva base que definió el margen futuro de beneficio de la contratista y para ello estaba requiriendo información a las autoridades y a las compañías privadas. El extitular de la Arch cuestionó que los costos de producción en el campo Shushufindi fuesen demasiado altos, “los costos de producción ahí, en el campo Shushufindi que son el doble que en cualquier otra parte del país, los costos de producción (...) perforar un pozo ahí en el Consorcio Shushufindi, en este pozo, ahí en Shushufindi, mejor dicho, cuesta 7 millones de dólares y perforar un pozo de las mismas características, mismo suelo, en cualquier otra parte del país cuesta 3 millones, cuesta la mitad”, dice Cortázar en uno de los videos. Sobre estos temas, según se observa en la grabación, Jorge Glas le pidió no dejar nada por escrito porque eso podría, después de 10 años, “meter preso al presidente”. Le dijo que antes de hacer cualquier
cosa, primero le consulte. “Los contratos de servicios específicos integrados con financiamiento que firmó el gobierno fueron una expoliación al país; el pedido que Glas le estaba haciendo a Cortázar, en ese momento, era una orden de silencio porque al ser la autoridad de control y regulación, cualquier documento que evidencie las irregularidades sobre las cifras históricas de producción o errores sobre la determinación del precio de producción en los nuevos contratos significaba una ruta expedita a la cárcel de Correa y sus amigos”, explica Fernando Villavicencio en su denuncia, quien, desde 2011, ha escrito varios reportajes sobre las posibles irregularidades en los contratos por servicios otorgados a las petroleras en el gobierno del expresidente Rafael Correa.
El escrito del presidente de la Comisión de Fiscalización y Control Político de la Asamblea concluye que: “se convirtió ilegalmente un contrato de servicios en un contrato de explotación y exploración, pues la figura de contratos de servicios específicos integrados con financiamiento no existe en la normativa ecuatoriana. Se alteró y modificó un modelo contractual de obras, bienes y servicios para entregar la coadministración de los campos de Petroecuador y Petroamazonas, violando la constitución y la legislación ecuatoriana”, dice una de las conclusiones de la denuncia.
El legislador señala que, “en un acto de colusión, funcionarios públicos y representantes de las compañías, manipularon la información histórica de los campos y crearon una base falsa que perjudicó los intereses del Estado y generó enormes ganancias para las contratistas, desconociendo información oficial sobre los costos oficial y operativos históricos de esos campos manejados por Petroecuador; y que “el equipo negociador, dirigido por Wilson Pastor y Jorge Glas, determinó una tarifa falsa, sobredimensionada en más de 10 dólares por barril de petróleo, lo que se confirmó con la renegociación de 2018”.
Otra conclusión hace referencia a las negociaciones del campo Auca, “en el caso del campo Auca, se estableció el mismo modelo, perjudicial e ilegal, de China y Tailandia, es decir, se cubrió deuda pública con petróleo”. Finalmente, el legislador señala que, según información obtenida por su despacho, “los borradores de los contratos, suscritos con los consorcios, fueron redactados por las compañías contratistas, así lo evidencia la data de las propiedades de los documentos” y añade que los funcionarios claves de Petroecuador, Petroamazonas y el Ministerio de Hidrocarburos, que negociaron, en representación del Estado, los contratos de los campos Shushufindi y Libertador, semanas después, fueron a trabajar en la compañía Schlumberger y formaron parte del equipo negociador de la contratista cuando se adjudicó la operación del campo Auca.
Villavicencio, además, solicitó a la Contraloría General del Estado una auditoría integral a los contratos petroleros y sus fases precontractuales y contractuales; asimismo pidió a la Procuraduría General del Estado que, en uso de sus facultades legales, disponga a la Dirección Nacional de Control de Legalidad de Contratos de la Procuraduría General del Estado (DNCLC – PGE), “la inmediata intervención de control legal a los procedimientos y fases de la contratación pública, de tal manera que pueda contrastar los hechos y actuaciones administrativas efectuadas por las entidades contratantes”.
Periodista, escritor y activista social.
Desde la investigación periodística he contribuido con información relevante para denunciar casos de corrupción en materia petrolera, minera, eléctrica, telecomunicación y de estructuras criminales que se han beneficiado de los recursos públicos a través de varias sectores y poderes que conforman el Estado.
